Sistema carcelario
Un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte resolvió aceptar de manera parcial una medida cautelar sobre la situación carcelaria en el Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 1, conocido como Penitenciaría del Litoral. La acción fue presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y buscaba atender problemas de salud, alimentación y seguridad de los internos.
La audiencia reunió a representantes del SNAI, defensores públicos, funcionarios del CDH y del Observatorio Social de Tuberculosis, así como autoridades del centro carcelario. Durante el proceso, se expusieron avances implementados este año, como brigadas médicas, traslados internos y mejora en la alimentación, pero defensores públicos y observadores señalaron la necesidad de mayor coordinación y atención médica frente a enfermedades como la tuberculosis.
El dictamen judicial incluyó siete disposiciones, entre las que destacan la creación de una mesa de emergencia penitenciaria con la participación de varias instituciones del Estado y familiares de los internos, la obligación de que el personal de las Fuerzas Armadas cumpla estrictamente los protocolos sin exceder funciones, y el establecimiento de políticas públicas en salud y rehabilitación dentro de seis meses. Además, la Defensoría del Pueblo deberá presentar informes trimestrales sobre la ejecución de estas medidas y coordinar visitas de seguimiento en el centro penitenciario.
El juez subrayó que, aunque se han constatado violaciones a los derechos relacionados con seguridad jurídica, salud, alimentación y rehabilitación, no se pudo determinar la existencia de tratos crueles contra los privados de libertad. La resolución busca garantizar una atención integral y prevenir riesgos sanitarios, especialmente en relación con la tuberculosis, y abrir la puerta a traslados internos según estudios técnicos.