Seguridad
¿El Estado piensa estratégicamente en combatir la criminalidad y la violencia en el país?: es la pregunta que, según Sandra Molina, experta en seguridad y políticas públicas, es prioritaria a responder en el marco de la crisis de inseguridad que enfrenta el Ecuador.
Durante los últimos años, reconoció, el Gobierno ha impulsado acciones en materia de seguridad como el combate a la minería ilegal, la captura de cabecillas y ataque a la economía ilícita. No obstante, este escenario se enfoca únicamente en la persecución del delito y deja de lado una estrategia integral: la política criminal.
"Lo que hemos tenido últimamente son acciones enfocadas en la seguridad pública, y no está mal; está incompleta", dijo.
De acuerdo con Molina, la política criminal se define cómo se organiza el Estado y las herramientas para prevenir, controlar y reducir fenómenos criminales. Es decir, se abordan los componentes de seguridad e inversión social para evitar que el círculo de la violencia se perpetúe.
En el 2023, recordó Molina, el Estado creó el Consejo Nacional de Política Criminal. Se trata de un organismo que incluye 15 instituciones, ente ellas, la Fiscalía, la Policía, el Consejo de la Judicatura y las Fuerzas Armadas. El reto, explicó, será poner en marcha a este Consejo y evitar que el problema de la criminalidad se centre en la narrativa de mano dura y ofensiva total.
"Lo que se necesita es una conducción estratégica que vea todo el panorama y la respuesta es política criminal", enfatizó.
Pero esta política criminal, señaló Molina, debe acompañarse del cumplimiento de los derechos humanos. Un claro ejemplo de esto, reconoció, es la estrategia para evitar el reclutamiento de niños y adolescentes al crimen organizado. Entre ellas, actividades deportivas y culturales, así como mecanismos para frenar la deserción escolar.
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