Análisis constitucional
Este lunes, la Corte Constitucional inició el análisis de las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentados en contra de la Ley de Inteligencia, aprobada en la Asamblea Nacional. Entre los principales argumentos contra la normativa están vulneraciones al principio de la seguridad humana, la división de poderes y la privacidad de los usuarios.
Angélica Porras, abogada del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cuestionó la falta de transparencia que se promueve con la ley, y el riesgo de impunidad ante un mal uso del sistema de inteligencia.
Dentro de la Ley de Inteligencia se exponen definiciones en torno al crimen organizado que, según Adriadne Celi, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), presentan ambigüedades que podrían abrir la puerta a un uso discrecional por parte del Ejecutivo.
Para Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, el análisis de la Ley de Inteligencia debe enmarcarse en el contexto de inseguridad del país, y las herramientas para enfrentar al crimen organizado.
Mercedes Mediavilla, abogada de la Asamblea Nacional, recordó el tratamiento de la Ley de Inteligencia en la Legislatura, y cuestionó a los accionantes por basar sus argumentos en una discusión alejada del principio de constitucionalidad.
"Herramientas" contra el crimen organizado
Para Inés Alarcón, asambleísta por el oficialismo, el análisis de la Ley de Inteligencia responde al panorama de la criminalidad que vive el país. "No se puede quitar herramientas a las Fuerzas del Orden", dijo la legisladora, al insistir en que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas se posicionan como la primera línea de combate a organizaciones criminales.
"No puede ser que jueces determinen o le amarren las manos al Estado para actuar o endurecer procedimientos en contra de la delincuencia organizada", dijo.
Una de las principales acusaciones a la Ley es la violación al principio de privacidad e intimidad que se rompería con la filtración de información con fines de inteligencia. Estos señalamientos, dijo Alarcón, responderían a meras suposiciones, sin un fondo constitucional.
Alarcón reconoció que la Corte Constitucional es el máximo órgano de revisión de normativas, por lo que, en caso de que esta determine la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Inteligencia, el oficialismo y el Gobierno aceptará el fallo.
Si bien no precisó si desde la Legislatura será posible una revisión de los artículos que son cuestionados, adelantó que la Asamblea "activará los mecanismos" necesarios para abogar por la seguridad de la ciudadanía.
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