Contraloría
La Contraloría General del Estado reformó el reglamento con el que establece protocolos para consultar las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos en la página web institucional. El cambio establece que quienes busquen este tipo de información deben llenar un formulario en el que se solicita el número de cédula, cuándo fue expedida y su correo electrónico.
De acuerdo con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pese a entregar estos datos personales para verificar información que debe ser pública, los reportes que arroja el portal de la Contraloría son más limitados. Ahora, no se puede conocer dónde están los bienes inmuebles de funcionarios públicos, ni su posesión de cuentas en otros países. A esto, se suma también una marca de agua que aparece con los datos del solicitante sobre la copia de las declaraciones juramentadas.
Sobre esta base, dijo, existen tres tipos de vulneraciones: a la protección de datos del ciudadano, al acceso a la información y la transparencia en torno a datos públicos. Recordó que, en el 2024, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la cual determina que está prohibido colocar formularios en portales web para acceder a información pública.
Otro indicio de incumplimiento, señaló, se evidencia en la carta de intención suscrita en el 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este documento, el Ecuador se comprometía a garantizar el libre e inmediato acceso a la información de declaraciones patrimoniales y que, con esta modificación, alertó Espinel, pondría en riesgo las relaciones del Estado con el organismo multilateral.
"Quiero creer que (el Contralor) está mal informado o mal asesorado (...) interpreta de manera errónea la ley de protección de datos personales (...) genera desconfianza", dijo.
Un caso similar ocurrió en el pasado con el excontralor Carlos Riofrío, recordó Espinel. No obstante, la presión ciudadana obligó a que esta modificación sea eliminada en vista a los efectos de "intimidación" y "amedrentamiento" que se generan para quienes aspiran fiscalizar al poder.
"Vemos cómo el Estado tiene una cultura de opacidad que está afectando derechos ciudadanos y la posibilidad de denunciar corrupción", cuestionó.
El cuestionado concurso para Fiscal General del Estado
El concurso para Fiscal General del Estado avanza en medio de cuestionamientos, mientras la Comisión Ciudadana de Selección encabeza la etapa de calificación de méritos de los 28 postulantes.
Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no se ve con buenos ojos el proceso. De acuerdo con Espinel, no existe información clara de cómo avanza la fase de méritos. Esto, aun cuando tampoco se reflejó en el portal institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los pedidos de reconsideración presentados por los aspirantes y las razones por las cuales fueron inadmitidos.
Consideró que la primera figura en reclamar esta falta de transparencia es Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión. A su criterio, la funcionaria desconoció su rol y no cumple con la rendición de cuentas a la ciudadanía.
"Tenemos una Comisión Ciudadana de Selección imperfecta y con este tipo de accionar, opacidad (...) lo que dará como resultado es que la autoridad no goce de legitimidad", sostuvo.
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