Inseguridad
Ataques armados en los exteriores de escuelas en la Costa y la reciente balacera en las inmediaciones de una universidad de Quito encienden las alarmas sobre si los entornos educativos son seguros. Esto, en medio de una arremetida del crimen organizado a escala nacional.
Para Dayana León, experta en seguridad, los espacios educativos no son seguros. Desde hace años, dijo, se advierte sobre los riesgos de la niñez y la adolescencia por ser cooptados por el crimen organizado, o por ser víctimas colaterales de la violencia que genera. Sin embargo, las alertas se han extendido ahora a universidades, dejando de lado la posibilidad de que la amenaza aceche solo a la educación primaria y secundaria.
La exposición criminal que existe en entornos educativos es alta, dijo León, al reconocer que el país enfrenta una problemática estructural que necesita de respuestas multidimensionales. La presencia policial en sí, no basta, precisó. A su criterio, debe existir una corresponsabilidad entre actores de la sociedad, dejando al Estado como el principal accionante.
Mapas de riesgo son imprescindibles para escuelas, colegios y universidades, señaló León, algo que debe acompañarse de prevención, un diseño de criminología ambiental y movilidad segura. Esto, debido a que el flagelo de los grupos armados no termina cuando el estudiante ingresa al establecimiento, sino también cuando sale.
"Esto forma parte de un camino que el Estado tiene que llegar necesariamente antes de que llegue el crimen organizado", dijo.
Pero la articulación ente instituciones y actores de la sociedad, según León, deben ir más allá de la administración central, sino también con los gobiernos municipales y provinciales. Esto, insistió, es parte de una "necesidad urgente" de atención en las ciudades.
En Quito, la Fundación Tandem recoge que el 83% de los quiteños encuestados mencionan a la inseguridad como la preocupación principal del diario vivir. De ahí que surge un gran pendiente, dijo León.
A esto, se suma una cifra del Observatorio Metropolitano de Seguridad que apunta que el 87.2% de incidentes en la capital está relacionado a problemas de convivencia ciudadana. Además, entre enero del 2023 y junio del 2026, se han registrado más de 21.500 incidentes de seguridad y convivencia.
Otra de las preocupaciones que gira en torno al bienestar educativo, indicó León, es profundizar los controles de libadores en las vías. Si bien existen sanciones, dijo, es labor del Municipio el verificar y sancionar a quienes incumplan la normativa de convivencia.
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