Control ciudadano

Marcelo Espinel: "La falta de transparencia en el concurso para Fiscal amenaza la legitimidad del proceso y debilita la confianza ciudadana

Un informe de la Comisión de Seguimiento al concurso para la Fiscalía General del Estado reveló que solo uno de los diez aspirantes para integrar la Comisión Ciudadana de Selección cumplió con todos los requisitos y no incurrió en prohibiciones durante la etapa de admisibilidad, una cifra que difiere del registro del CPCCS, que había aprobado a todos los postulantes.

17 Octubre de 2025
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Un informe de la Comisión de Seguimiento al concurso para la Fiscalía General del Estado reveló que solo uno de los diez aspirantes para integrar la Comisión Ciudadana de Selección cumplió con todos los requisitos y no incurrió en prohibiciones durante la etapa de admisibilidad, una cifra que difiere del registro del CPCCS, que había aprobado a todos los postulantes.

En NotiMundo a la Carta, Marcelo Espinel, integrante de la Comisión Cívica de Seguimiento, advirtió que "sin claridad ni control, el proceso pierde legitimidad".

Espinel señaló que el concurso ha sido cuestionado por la falta de transparencia y los constantes retrasos, factores que, según su análisis, ponen en duda la independencia y la idoneidad de quien llegue a ocupar el cargo, además de debilitar la confianza ciudadana en la justicia.

Asimismo, expresó su preocupación por la participación de veedores con vínculos políticos, lo que podría comprometer la credibilidad del proceso. Aunque la ley no prohíbe estas relaciones, recordó que la norma ética que regula el concurso busca garantizar imparcialidad, un principio que, a su juicio, no se estaría respetando.

El informe también indica que, de los 69 postulantes admitidos, solo 24 cumplen con los requisitos necesarios, evidenciando una falta de rigor en la evaluación por parte del CPCCS. Espinel advirtió que esta deficiencia abre la puerta a candidatos sin la preparación adecuada, lo que podría poner en riesgo la integridad del sistema judicial.

El miembro de la Comisión Cívica confirmó que el colectivo no se inscribirá como veedor oficial, con el fin de mantener su independencia y ejercer su labor de vigilancia amparado en el derecho constitucional de control ciudadano.

Finalmente, advirtió que, si el CPCCS ignora las recomendaciones, podrían impulsarse acciones legales para garantizar un proceso transparente. Espinel subrayó que la falta de responsabilidad institucional podría generar nuevos retrasos y minar la confianza pública en la Fiscalía y en el sistema de justicia.

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