Reforma económica
El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, con 83 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones, una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno orientada a reducir el déficit habitacional mediante incentivos a la inversión privada.
La decisión se adoptó en Machala y establece que las empresas podrán destinar hasta el 30 % de su impuesto a la renta a la construcción de viviendas de interés social para familias sin hogar o en condiciones precarias. Estas unidades podrán alcanzar un valor de hasta 65.000 dólares, incluyendo terreno.
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, defendió la medida al señalar que responde a una necesidad urgente, considerando que cientos de miles de hogares aún carecen de acceso a una vivienda digna en el país.
En NotiMundo Estelar, la asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, expresó una postura crítica. Aunque reconoció la existencia de un déficit habitacional, cuestionó el mecanismo aprobado al considerar que el Estado tiene la obligación constitucional según los artículos 30 y 375 de garantizar este derecho mediante políticas públicas, sin trasladar esa responsabilidad al sector privado.
Yumbay sostuvo que la normativa convierte al Estado en un actor dependiente de incentivos empresariales, al tiempo que beneficia ampliamente a grandes grupos económicos. Según explicó, las compañías podrían recuperar el total de su inversión y además acceder a una reducción significativa en el impuesto a la renta, lo que calificó como un "negocio redondo".
También manifestó preocupación por la falta de control en los costos de construcción, al advertir que no está claro qué entidad verificará si los valores declarados corresponden a la realidad. En ese sentido, alertó sobre una posible "privatización encubierta" del acceso a la vivienda, lo que podría afectar la capacidad de recaudación estatal y limitar la ejecución de proyectos públicos directos.
La legisladora también cuestionó el impacto de la ley en la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, señalando que, junto con otras reformas, podría impulsar un modelo centralista que debilita las competencias locales.
Finalmente, adelantó que su bloque analiza presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, al considerar que la normativa vulnera principios fundamentales y favorece principalmente a grandes intereses económicos.
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