Libertad de prensa

Matriz de evaluación militar a medios y periodistas encienden alerta por posible restricción informativa

El documento interno de las Fuerzas Armadas que establece criterios para evaluar y acreditar a medios y periodistas, difundido públicamente el 10 de febrero de 2026, desató una fuerte polémica por su posible impacto en la libertad de prensa.

11 Febrero de 2026
Las Fuerzas Armadas del Ecuador se pronunciaron sobre el documento interno que fija criterios para la evaluación y acreditación de medios y periodista
Las Fuerzas Armadas del Ecuador se pronunciaron sobre el documento interno que fija criterios para la evaluación y acreditación de medios y periodista Créditos: El Universo

El Comando Conjunto de las FF.AA. precisó, mediante un comunicado, que las disposiciones no buscan limitar el trabajo periodístico, sino "ordenar y planificar" la cobertura de actos oficiales bajo condiciones seguras y organizadas.

En NotiMundo Estelar, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, fue categórico: el documento constituye un mecanismo de "censura" y control del ejercicio periodístico.

Según Alarcón, el comunicado de "aclaración" confirma la existencia de lineamientos internos destinados a regular el flujo de información desde una lógica de control institucional.

Cuestionó la creación de una matriz de evaluación de medios que incluye criterios como la línea editorial (25%) y el tratamiento informativo histórico, elementos que calificó de subjetivos y discrecionales.

"Evaluar la línea editorial para permitir o restringir el acceso a coberturas oficiales es incompatible con una democracia", advirtió. Señaló que estos parámetros podrían excluir a periodistas críticos y favorecer coberturas complacientes, afectando el derecho a la información plural.

Alarcón alertó que estos mecanismos podrían consolidarse en distintas instituciones del Estado, condicionando el acceso a la información pública a criterios políticos o editoriales.

Finalmente, insistió en activar acciones legales para dejar sin efecto disposiciones que, a su juicio, contravienen la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión.

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