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Un juez del cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, dispuso ampliar 60 días la vigencia de una medida cautelar otorgada el pasado 04 de agosto, a favor de la Junta de Acreedores del caso Proinco, que impide la venta directa no autorizada de un lote de 55 hectáreas, conocido como Surbayá, de la empresa en liquidación Maktradecorp, y requirió a la fiduciaria Enlace el respaldo de los honorarios determinados en más de USD 2 millones.
En NotiMundo al Día, Pedro Galindo, presidente de la Junta de Acreedores del caso Proinco, explicó que el terreno avaluado en USD 22 millones se lo pretendía vender en USD 5 millones, sin la autorización de la Junta de Accionistas de la empresa.
Sobre el fallo judicial en favor de los acreedores, Galindo expresó su satisfacción al ver que el Juez a cargo les dio la razón, bloqueando una venta ilegal.
"En su sentencia, el Juez requiere que Enlace explique qué hizo con estos USD 2 millones que están dentro de la minuta de compra - venta", precisó.
Esto pasó después de que la Junta, en coordinación con el accionista mayoritario, solicitó al Municipio de Mejía que se informe si hubo alguna pretensión de venta del lote, a lo que el Cabildo entrega la minuta donde consta el pago de USD 2 millones.
Galindo precisó que en la Junta constan varios afectados, entre acreedores, excolaboradores y proveedores de servicios, por lo que esos recursos deberían ser destinados a la devolución de sus dineros.
Recordó, además, que el pago de la deuda a los afectados por el delito de estafa fue de USD 98 millones, de los cuales se hizo un pago por USD 31 millones. Con ello, la deuda asciende a USD 67 millones en la actualidad.
"Mi madre falleció y nunca vio su dinero de vuelta; es un legado que me ha dejado a mi", apuntó.
Añadió que por mucho tiempo se solicitó información a la Superintendencia de Compañías, sin éxito. Ahora, con el recurso de Habeas Data concedido, se espera que la entidad informe sobre todo el proceso de liquidación de las empresas Maktradecorp, Mingacorp y Encaisser, relacionadas a Proinco.
Galindo explicó que lo que se busca es "transparencia", de estos 10 años donde no se ha tenido información certera.
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