Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura aplicó la sanción de destitución definitiva a dos integrantes de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas por incurrir en un supuesto "error inexcusable" en un fallo emitido hace cuatro años.
La medida afectó a la exministra de Trabajo Ivonne Núñez y al juez Francisco Morales, tras una resolución constitucional relacionada con el cumplimiento de derechos laborales de trabajadores vinculados a Correos del Ecuador y la empresa Alcotranza.
El origen del conflicto
En NotiMundo Estelar, Ivonne Núñez, informó que el conflicto legal se originó cuando el tribunal provincial confirmó una sentencia de primera instancia que determinó la vulneración a la seguridad jurídica y al derecho al trabajo de 30 familias que acumulaban más de 18 meses sin cobrar sus remuneraciones.
Al ratificar el dictamen, la Sala argumentó la proscripción de la esclavitud laboral conforme a estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ordenar desembolsos económicos directos por parte de la empresa estatal. Durante la sustanciación del expediente disciplinario, tanto la liquidadora de Correos del Ecuador como la jueza de instancia confirmaron que la entidad pública jamás realizó pago alguno, demostrando la ausencia de perjuicio patrimonial contra el Estado.
A pesar de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en su sentencia N.º 38-21-CN establece que la declaratoria de error inexcusable no genera una destitución automática y exige una investigación integral de la actuación judicial, el órgano de control omitió evaluar los descargos presentados.
Tras una suspensión previa de tres meses sin sueldo impuesta en julio, el Consejo resolvió la remoción al unísono sin contemplar sanciones graduadas como suspensiones de 15 a 30 días o la ratificación del estado de inocencia. La resolución desconoció la trayectoria de Francisco Morales, dos veces presidente de la Corte Provincial con 28 años de carrera intachable, así como los 14 años de servicio judicial de Núñez sin quejas disciplinarias, registrando ambos un promedio cercano a 40 sentencias mensuales.
La medida se enmarca en una acelerada ola sancionatoria bajo la presidencia de Mercedes Caicedo, en cuya gestión se contabilizan más de 47 destituciones en menos de seis meses. Dado que el Código Orgánico de la Función Judicial no permite la apelación en sede administrativa, los afectados anunciaron que recurrirán a las instancias judiciales y organismos internacionales para denunciar la arbitrariedad del procedimiento y el progresivo deterioro institucional de la función judicial en el país.
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