Guerra comercial
En ese contexto, el Gobierno ecuatoriano sostiene que se trata de una decisión soberana orientada a fortalecer la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, una problemática que persiste en la frontera común.
En NotiMundo Estelar, el analista económico Oswaldo Landázuri cuestionó la decisión y advirtió que el uso de una "tasa de seguridad" como instrumento comercial es técnicamente discutible y posiblemente incompatible con las normas de la Comunidad Andina (CAN).
El especialista también consideró que, si la aplicación del 50 % no generó resultados en materia de seguridad fronteriza, elevarla al 100 % no resolverá el problema de fondo y podría agravar la situación. Para Landázuri, esta decisión no ataca las causas estructurales y, en cambio, profundiza las tensiones sin beneficios claros.
En el ámbito económico, advirtió que la medida tendrá un impacto directo en los consumidores ecuatorianos, con un posible incremento de precios y riesgo de desabastecimiento en productos básicos, materias primas y medicamentos provenientes de Colombia. Señaló además la preocupación por el encarecimiento de fármacos que ya cuentan con precios regulados y cuya disponibilidad en el sistema público es limitada.
En el plano regional, el analista alertó sobre un posible deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas, al considerar que se están debilitando vínculos difíciles de reconstruir dentro del marco de la CAN. Añadió que, si Colombia llegara a retirarse del bloque, su relevancia económica y geopolítica se vería seriamente afectada.
Asimismo, Landázuri advirtió que sectores productivos como el de autopartes, llantas especialmente en Cuenca y la industria de la palma aceitera serían de los más afectados. A su juicio, la medida genera un escenario complejo: una frontera que continúa siendo insegura, pero con mayores restricciones al comercio formal, lo que podría incentivar el contrabando y afectar a provincias como Carchi e Imbabura.
Finalmente, cuestionó la falta de una estrategia integral en la política comercial y exterior del país, al considerar que las decisiones responden más a reacciones inmediatas que a una planificación estructurada. En su análisis, este tipo de medidas incrementa la incertidumbre económica, desincentiva la inversión y repercute en el empleo, mientras advierte sobre los riesgos de aplicar soluciones rápidas a problemas de alta complejidad estructural.
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