Seguridad
En NotiMundo A La Carta, Patricio Haro, experto en seguridad, indicó que la mayor preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad y la violencia, que no ha disminuido a pesar de las medidas implementadas por parte del Gobierno.
Haro enfatizó que la violencia en Ecuador no es únicamente un problema nacional, sino que está ligada a organizaciones internacionales que operan en el tráfico de drogas, especialmente cocaína. Indicó que la captura de grandes cantidades de cocaína en Europa, que involucra a ecuatorianos, resalta la creciente influencia de estas organizaciones en el país, lo que complica la lucha contra el crimen.
Respecto a la extradición de alias Fito a Estados Unidos, que se presentó como un logro del gobierno ecuatoriano, Haro cuestionó su efectividad al señalar que podría ser parte de un acuerdo negociado. Argumentó que la extradición puede haber sido una acción para proteger a Fito de amenazas de muerte en Ecuador, lo que podría debilitar la cohesión entre las bandas en el país y generar un aumento en la violencia interna.
El experto en seguridad explicó que la salida de Fito podría provocar una lucha por el liderazgo entre Los Choneros y otras bandas, lo que podría resultar en un aumento de la violencia en la disputa por el control del narcotráfico. Agregó que la fragmentación de estas organizaciones puede descentralizar el crimen, pero también puede intensificar los conflictos internos entre grupos rivales.
En cuanto a la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia, que permite al Estado solicitar información a operadoras telefónicas sin orden judicial, Haro explicó que esta genera preocupaciones sobre los riesgos democráticos y de derechos humanos. Agregó que esta ley podría reemplazar el estado de excepción, lo que plantea interrogantes sobre su uso adecuado y los posibles abusos de poder por parte de las autoridades.
Finalmente, advirtió que la concentración de poder en manos de las agencias de inteligencia podría resultar en abusos, como la persecución de opositores políticos. Esta situación podría llevar a la utilización de herramientas de inteligencia para fines que no benefician a la seguridad pública, sino que sirven a intereses políticos particulares, lo que socavaría la confianza en las instituciones del Estado.
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