Alerta meteorológica
En NotiMundo, Cristopher Velasco insistió en la necesidad de reforzar la prevención, la planificación y la coordinación institucional frente a un posible evento climático extremo.
El especialista señaló que entre enero y mayo de 2026 la temporada invernal deja entre 133 mil y 135 mil personas afectadas, pese a tratarse de un periodo sin anomalías severas. En ese contexto, advirtió que un Niño moderado o fuerte podría provocar consecuencias mucho mayores en el país.
Asimismo, explicó que el adelanto de las elecciones generales estuvo respaldado por informes técnicos relacionados con la posible presencia de este fenómeno. Sin embargo, cuestionó que esa decisión no haya sido acompañada de una estrategia integral para proteger a las poblaciones vulnerables.
Velasco informó que la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos presentó un comunicado con varias solicitudes al Estado, entre ellas la ejecución de un plan de acción articulado para el periodo 2026-2027, con medidas coordinadas entre las diferentes instituciones.
Además, pidió definir estimaciones claras sobre daños y pérdidas potenciales, tomando como referencia lo ocurrido durante el fenómeno de 1997, especialmente en sectores como salud, vialidad y cadenas productivas.
También destacó la importancia de activar el Fondo de Responsabilidad Social para Emergencias, contemplado en la normativa vigente, con el objetivo de agilizar recursos destinados a prevención y respuesta.
Otro de los planteamientos expuestos fue la necesidad de que el Consejo Nacional de Competencias establezca un modelo de gestión claro para los niveles provincial, cantonal y parroquial, de modo que los gobiernos locales conozcan con precisión sus funciones y mecanismos de actuación.
El dirigente sostuvo que, mientras no exista una alerta oficial emitida por el COE Nacional, debe entrar en funcionamiento el Comité Nacional de Reducción de Riesgos para aprobar planes, asignar presupuesto y coordinar acciones preventivas.
Además, resaltó que junio será un mes clave debido a los reajustes presupuestarios nacionales y locales, lo que representa una oportunidad para incorporar recursos enfocados en prevención y mitigación.
Finalmente, mencionó una iniciativa impulsada en la Asamblea Nacional del Ecuador por una legisladora de Galápagos, orientada a armonizar la Ley de Gestión de Riesgos con el Código Ambiental. A su criterio, esta propuesta permitiría impulsar una reforma estructural para fortalecer la respuesta del país frente al cambio climático y la variabilidad climática.
Velasco concluyó que la gestión de riesgos requiere el trabajo conjunto del Gobierno Central, municipios, academia, sociedad civil y sector privado, con el propósito de enfrentar de manera organizada los desafíos climáticos de los próximos años.
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