Reforma COIP
En NotiMundo a la Carta, la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, señaló que la normativa vigente resulta insuficiente, ya que las sanciones actuales por la usurpación de uniformes oscilan entre 15 y 30 días, lo que no representa un elemento disuasivo para la delincuencia.
Explicó que el proyecto propone endurecer las penas de manera significativa. Si el uso indebido del uniforme deriva en una privación de libertad, la sanción aumentaría a un rango de tres a cinco años de cárcel. En los casos en los que el engaño involucre específicamente a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, la pena se incrementaría de cinco a siete años.
Asimismo, Alarcón indicó que la iniciativa contempla la creación de un registro estricto de fabricantes y compradores, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de cada prenda y evitar su circulación ilegal.
La presidenta de la Comisión enfatizó que el impacto más grave de estos delitos no se limita a hechos como robos o secuestros, sino a la ruptura de la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que, cuando la población no puede distinguir entre un funcionario legítimo y un delincuente, se debilitan el orden público y el respeto a la autoridad.
Finalmente, sostuvo que la legislación debe evolucionar, ya que la delincuencia actual no es la misma de hace 15 años, y advirtió que el Estado no puede permitir que el uniforme, símbolo de protección, sea utilizado como una herramienta de terror, por lo que consideró fundamental contar con marcos normativos más fuertes y acordes a la realidad.
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