Violencia en Ecuador
En NotiMundo a la Carta,Renato Rivera, experto en seguridad y crimen organizado señaló que los homicidios intencionales registran una reducción aproximada del 12% frente al año pasado. Sin embargo, advirtió que este dato no debe interpretarse como un avance real, ya que, al comparar el comportamiento de la violencia entre 2024 y 2026, el problema persiste y mantiene niveles preocupantes.
Además, cuestionó el discurso de que "se están matando entre ellos", al considerar que minimiza el impacto de la violencia sobre la población. Rivera explicó que una de las principales debilidades del Estado es la falta de capacidades institucionales para contener el crecimiento de los homicidios.
Sostuvo que la respuesta se ha concentrado en la acción de la Policía y las Fuerzas Armadas, mientras continúan ausentes estrategias sostenidas de prevención, investigación y contención del delito. En ese sentido, advirtió que la limitada capacidad para judicializar e investigar los crímenes incrementa la impunidad, lo que favorece la comisión de nuevos delitos y fortalece a las organizaciones criminales.
El analista también indicó que la reducción de homicidios en ciudades como Guayaquil responde a múltiples factores, entre ellos la fragmentación de grupos delictivos, y no únicamente a la aplicación de estados de excepción. Añadió que las organizaciones criminales han trasladado parte de sus operaciones hacia provincias como Manabí y El Oro, atraídas por la rentabilidad de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.
Asimismo, sostuvo que las políticas de "mano dura" dirigidas contra los cabecillas de las bandas no han logrado mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. A su criterio, este objetivo solo será posible mediante políticas integrales que incluyan recuperación de espacios públicos, mejor iluminación, inversión social y fortalecimiento institucional.
Finalmente, Rivera advirtió que la confrontación entre el Gobierno central y los gobiernos locales dificulta la implementación de políticas públicas de seguridad, especialmente en periodos electorales. También alertó que la disminución de denuncias por delitos como la extorsión no representa una reducción de estos hechos, sino una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, debido a la percepción de que denunciar no genera respuestas efectivas.
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