Peculado
La cooperación internacional con Estados Unidos y la demanda impulsada contra Progen en ese país arrojaron nuevas revelaciones en el caso Apagón. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, detalló que la investigación financiera rastreó el recorrido de los fondos desembolsados por CELEC en el marco de la emergencia energética declarada en el 2024.
Según Neira, el dinero entregado a la cuestionada empresa estadounidense no permaneció más de una semana en las cuentas de Progen. Cada pago habría sido distribuido a una red de 29 personas jurídicas, catalogados como beneficiarios finales.
De acuerdo con Neira, la trazabilidad del dinero en Estados Unidos apunta a Karla Saud, representante de Progen en Ecuador. El secretario señaló que Saud habría recibido USD 162 mil para uso personal, y sería una de las beneficiarias finales del desfalco.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) señaló que, dentro del caso Progen, se identificaron indicios de un presunto lavado de activos. Según la institución, análisis de inteligencia financiera justificaron sus acusaciones en una red de transferencias nacionales e internacionales, triangulación de fondos, pagos a terceros sin justificación económica, así como la adquisición de bienes y otras operaciones patrimoniales. Frente a esto, la UAFE dispuso la inmovilización de fondos de las personas naturales y jurídicas involucradas.
Juan Pablo Ortiz, integrante del equipo jurídico del exministro de Energía, Antonio Goncalves, destacó el aporte que podría generar la información revelada por el Gobierno. Seguir la ruta del dinero desembolsado a Progen es clave en el caso Apagón, consideró, a la espera de que dichos datos y movimientos financieros sean incorporados en el expediente de la causa.
Desde la defensa del exministro, se solicitará la información recopilada por la cooperación con Estados Unidos, así como la transparencia en los datos recabados por la demanda enmarcada en la Ley RICO, en la que CELEC y Progen son las partes procesales.
A criterio de Ortiz, habrá un "giro" en la investigación del caso Apagón para apuntar cuál fue la ruta del dinero entregado a la empresa estadounidense y quiénes fueron los responsables.
"Creo que ese es un punto de partida que Fiscalía puede tener para empezar a monitorear y abrir el abanico de la línea del dinero", dijo.
La instrucción fiscal del caso Apagón será de 90 días con la posibilidad de ampliarse por 30 días adicionales. Ahora, el trabajo de la Fiscalía, según Ortiz, debe ser analizar las competencias de empresas y procesados en la causa en torno a las irregularidades consumadas en el desfalco de Progen.
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