Crimen organizado
La creciente ola de atentados con explosivos, sicariatos y disputas por el control de territorios refleja la expansión del crimen organizado en Quito. Así lo afirmó Santiago Ortega, experto en seguridad y justicia criminal, en NotiMundo A la Carta, donde aseguró que la capital pasó de ser una ciudad relativamente segura a convertirse en parte del problema nacional.
Ortega explicó que las cifras respaldan esta realidad. Según indicó, durante el primer semestre de 2026 los índices de violencia aumentaron un 34 % en comparación con el mismo período del año anterior. Además, precisó que el crimen organizado se diferencia de la delincuencia común porque opera de manera transnacional, busca controlar territorios, sembrar miedo en la población e infiltrarse en la economía local.
El especialista también cuestionó el enfoque del Gobierno en materia de seguridad. A su criterio, se está confundiendo la política de seguridad con la política criminal. Mientras la primera debe enfocarse en la prevención mediante inteligencia y anticipación, la segunda actúa una vez que el delito ya se ha cometido.
Respecto a los operativos ejecutados por las autoridades, Ortega sostuvo que los estados de excepción y los toques de queda son medidas temporales que no solucionan las causas estructurales de la violencia. Como ejemplo mencionó los recientes atentados con explosivos registrados en Quito, los cuales, aseguró, estuvieron precedidos por alertas que no fueron atendidas de manera oportuna debido a la falta de capacidad preventiva y de inteligencia criminal.
Asimismo, señaló que las organizaciones delictivas cuentan con una alta capacidad de adaptación tanto en el ámbito económico como político, lo que les permite reorganizarse rápidamente después de los operativos de las fuerzas del orden.
El experto identificó tres fallas estructurales en la estrategia actual: centrar la respuesta únicamente en el uso de la fuerza, la ausencia de una inteligencia financiera eficiente para rastrear los recursos de las organizaciones criminales y un sistema judicial débil, marcado por altos niveles de impunidad, donde tres de cada cuatro procesos no llegan a sentencia.
Frente a este escenario, Ortega planteó la necesidad de implementar una estrategia integral que combine acciones de seguridad con políticas sociales. Entre ellas, destacó la intervención en los denominados "puntos calientes" mediante programas de educación, salud, iluminación y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de reducir el reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales.
Además, advirtió que las disputas políticas entre el Gobierno y los municipios dificultan una respuesta coordinada frente al crimen organizado. Finalmente, Ortega concluyó que la efectividad de la política de seguridad no debe medirse por el número de detenciones, sino por la capacidad del Estado para prevenir que las organizaciones criminales ejecuten sus acciones y consoliden su control sobre los territorios.
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