En NotiMundo a la Carta, Francis Romero, director de Click Research, indicó que el estudio aplicado a 1.900 personas mayores de edad en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo muestra que las Fuerzas Armadas alcanzan el mayor nivel de aprobación con el 70,15%, seguidas por la Policía Nacional con el 61,38%.
Según Romero, estos resultados reflejan una tendencia clara: la ciudadanía deposita su confianza en entidades que asocian con control, orden y capacidad de respuesta frente a la inseguridad.
En contraste, el informe evidencia un deterioro en la percepción de las instituciones políticas, electorales y judiciales. El analista señaló que la credibilidad en estos espacios "se encuentra debilitada", lo que se refleja en la caída de sus indicadores.
Uno de los descensos más notorios corresponde al presidente Daniel Noboa, cuya aprobación pasó del 47% al 41,20%. De igual forma, el Consejo Nacional Electoral registra una baja del 30% al 26,35%.
La Asamblea Nacional presenta una de las caídas más pronunciadas, al pasar del 33% al 25,14%. De acuerdo con el análisis de Click Report, esta función del Estado es la que más pierde respaldo ciudadano, marcando una tendencia que, según Romero, podría mantenerse en el tiempo.
El experto advirtió que, históricamente, cuando la Asamblea inicia un descenso en su imagen pública, resulta difícil revertir esa percepción. Aunque reconoce que el Legislativo logró sostenerse durante más de un año con niveles relativamente aceptables, la cifra actual enciende alertas sobre su legitimidad.
En cuanto al sistema de justicia, el respaldo también se reduce, pasando del 25% al 22%. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se mantiene en niveles bajos, con una variación mínima que no cambia su percepción negativa general.
El Consejo de la Judicatura, en cambio, muestra una ligera recuperación al subir del 16% al 20%, aunque la mayoría de los encuestados continúa evaluando de forma desfavorable su gestión.
Romero concluyó que estos resultados deberían servir como una señal para las autoridades, especialmente para la Asamblea, a fin de reenfocar su trabajo en las demandas ciudadanas y recuperar la confianza perdida.
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