Control patrimonial
La Contraloría General del Estado activó un nuevo proceso de control para los servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), quienes deberán completar una declaración patrimonial jurada actualizada entre el 1 y el 31 de agosto de 2025. La disposición se enmarca en las reformas introducidas por la Ley Orgánica de Prevención y Combate al Lavado de Activos, en vigencia desde el 29 de julio.
La medida está dirigida a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad en el Estado, como autoridades electas, altos mandos militares y policiales, funcionarios de gobiernos locales, diplomáticos, legisladores, jueces, fiscales y directivos de entidades públicas.
La declaración deberá detallar cargos simultáneos fuera de la función pública, fuentes de ingreso adicionales, bienes o sociedades en el extranjero, fideicomisos, así como la participación del cónyuge o hijos menores en estas estructuras económicas. Todo el proceso será gratuito y se realizará exclusivamente en línea, a través del portal institucional de la Contraloría.
Según el reglamento aprobado mediante el Acuerdo No. 031-CG-2025, las unidades de Talento Humano de cada entidad deberán notificar formalmente a los funcionarios sujetos a esta obligación. Además, se advierte que el incumplimiento será considerado una falta grave y se sancionará conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Con esta disposición, el organismo de control busca aumentar la transparencia, fortalecer los mecanismos de prevención de corrupción y alinear las normas nacionales a estándares internacionales de integridad pública.
