Consejo de la Judicatura
A través de su cuenta en X, la vocal expresó: "Hoy, 22 minutos después de concluir la sesión del pleno de la Judicatura y en retaliación a mi postura firme e independiente en dos puntos tratados, recibí la notificación de Fiscalía con el inicio de una investigación por un supuesto peculado que, obviamente, no existe. Pero sí demuestra, una vez más, los alcances de persecución de Mario Godoy".
En declaraciones a NotiMundo Estelar, Goyes aseguró que la suspensión de Ayala carece de sustento legal, ya que la fiscal que presentó la denuncia no fue objeto de agresión física, un requisito esencial para justificar la sanción. Según indicó, las decisiones del Consejo deben basarse en pruebas y en la legalidad, no en acusaciones infundadas ni en presiones externas.
La vocal afirmó que la investigación en su contra por un presunto peculado constituye una represalia directa por su oposición a la medida adoptada contra Ayala. Recalcó que la acusación carece de fundamento y estaría relacionada más con su gestión en el CJ que con irregularidades reales.
Respecto al caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, Goyes insistió en la necesidad de una justicia imparcial y transparente, y reiteró su compromiso con el esclarecimiento del crimen. En ese marco, defendió la permanencia de la jueza Ayala como garantía para un juicio justo.
Goyes también cuestionó la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo, advirtiendo que se están imponiendo sanciones sin pruebas suficientes, lo cual afecta tanto a los jueces involucrados como a la confianza pública en el sistema judicial.
Asimismo, señaló a Mario Godoy como una figura clave en las presuntas maniobras de presión dentro del CJ, acusándolo de utilizar denuncias anónimas y procedimientos irregulares para desestabilizar a quienes discrepan con su gestión. Según la vocal, estas acciones buscan controlar el organismo y silenciar voces críticas.
Finalmente, criticó el uso recurrente de denuncias anónimas y reservadas dentro del sistema judicial, una práctica que obstaculiza la defensa de los acusados y genera temor y desconfianza entre los funcionarios.
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