En NotiMundo Estelar, Juan Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística, destacó que la situación se ha intensificado de forma alarmante.
El dirigente señaló que, en ciudades como Guayaquil, los choferes han sido víctimas de extorsiones y amenazas por parte de grupos delictivos. Indicó que, solo en lo que va de septiembre, se han registrado múltiples casos de robos y asesinatos, lo que ha generado protestas y un clamor generalizado por mayor protección.
Andrade subrayó que el transporte de carga pesada es un sector estratégico para la economía ecuatoriana, ya que aporta cerca del 6 % al PIB. Actualmente, más de 6.000 empresas operan en esta actividad, generando aproximadamente 400.000 empleos, lo que convierte a la inseguridad no solo en un problema social, sino también en una amenaza económica que impacta a miles de familias.
El dirigente también enfatizó la necesidad de establecer una regulación eficiente para combatir la informalidad. Señaló que muchas compañías operan sin declarar ingresos, lo que genera competencia desleal y perjudica a quienes cumplen con la normativa vigente.
Entre las propuestas presentadas por Andrade, destaca la implementación de medidas concretas para fortalecer la seguridad, incluyendo protocolos claros de actuación frente a delitos en las vías. Sugirió que los asaltos y robos a transportistas sean considerados como atentados contra la seguridad nacional, lo que permitiría garantizar una atención judicial inmediata y disuadir a los delincuentes.
Asimismo, destacó que el sector participa activamente en mesas de trabajo con el Gobierno para abordar no solo la inseguridad, sino también otros desafíos que enfrenta el transporte. Sin embargo, insistió en la necesidad de actuar con rapidez y eficacia.
Finalmente, Andrade abogó por el uso de tecnología avanzada, como drones y sistemas de monitoreo, para mejorar tanto la prevención como la reacción frente a incidentes delictivos. Según el presidente de la Cámara, esta modernización es clave para enfrentar los nuevos retos que impone el crimen organizado y garantizar la seguridad de los trabajadores del sector.
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