La audiencia virtual para tratar la apelación a la prisión preventiva solicitada por ocho procesados en el denominado caso Goleada no se instaló la mañana del 19 de octubre de 2026. La diligencia, convocada para las 09:30, fue suspendida a solicitud de la Fiscalía General del Estado y de la defensa de uno de los imputados.
Justificaciones y decisión del Tribunal
El diferimiento de la sesión judicial obedeció a dos causas formalmente presentadas:
- Convocatoria previa de Fiscalía: El fiscal Dennis Villavicencio, de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, justificó su inasistencia al haber sido notificado con anterioridad para comparecer a una audiencia de juicio en otro proceso penal durante los días 19, 20 y 21 de octubre.
- Cambio de defensa técnica: El procesado Fernando Viteri Henriques solicitó el aplazamiento debido al cambio de su abogado patrocinador, quien asumió recientemente su representación legal.
Ante estos argumentos, el juez ponente del Tribunal Tercero de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Wilson Lema Lema —junto a los magistrados Patricio Vaca Nieto y Edwin Paúl Pérez Reina—, aceptó las solicitudes de diferimiento al certificar que se encontraban debidamente justificadas, señalando que la nueva fecha será notificada oportunamente a las partes procesales.
Comparecencia de Aquiles Alvarez y avance del proceso
Durante la convocatoria virtual, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se conectó desde la Cárcel del Encuentro. El burgomaestre reclamó que llevaba 20 días sin mantener comunicación con su defensa técnica, por lo que la secretaría de la sala le otorgó un receso de 30 minutos para reunirse con sus abogados.
El recurso de apelación fue impulsado por ocho de los investigados, entre los que constan el alcalde Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio, sus primos Fernando y Andrés Viteri, el asambleísta Raúl Chávez, Fernando Peñaherrera y César Bravo. El caso Goleada procesa a 17 personas naturales y nueve empresas por presunto lavado de activos derivado de una supuesta estructura dedicada a la comercialización irregular de combustibles, proceso penal que se mantiene a la espera de la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.