Proceso judicial

Tribunal fija fecha para audiencia de juicio en el caso Triple A

El alcalde de Guayaquil enfrentará una diligencia para revisar sus medidas cautelares en marzo, en medio de otro proceso penal que lo mantiene detenido.

13 Febrero de 2026
Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Triple A, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Triple A, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Foto: El Universo

El Tribunal a cargo del denominado caso Triple A programó para el 7 y 8 de marzo de 2026 una audiencia en la que se analizará la situación legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, incluyendo la posible modificación de sus medidas cautelares.

La diligencia se desarrollará de forma presencial en el Complejo Judicial Norte desde las 08:30 y se enmarca dentro de un proceso cuya etapa de juicio está prevista hasta el 21 de marzo.

Este nuevo escenario judicial ocurre mientras el burgomaestre cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, tras su detención en el caso Goleada, donde es investigado junto a sus familiares y otros implicados.

Según la Fiscalía, la causa Goleada indaga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a operaciones de lavado de activos y posibles irregularidades tributarias. Durante el operativo que derivó en su captura, las autoridades señalaron que no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que formaba parte de sus medidas previas, lo que motivó la revisión de estas.

En paralelo, dentro del caso Triple A, Alvarez es procesado por supuestas irregularidades en la comercialización y distribución de combustibles, actividad que estaría relacionada con el entorno empresarial familiar.

La investigación se originó tras una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre posibles anomalías que habrían generado afectaciones económicas al Estado.

Por su parte, la defensa del alcalde sostiene que ambos procesos estarían conectados, al considerar que los hechos investigados serían similares en las dos causas.

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