Crisis carcelaria
Un reporte preliminar elaborado por la Policía Nacional indica que la mayoría de las víctimas tenían ente 22 y 45 años, y sus cuerpos no presentaban señales de violencia por lo que, se presume, sufrieron complicaciones de salud.
En NotiMundo al Día, Karol Noroña, periodista de investigación, lamentó que, pese a los diagnósticos hechos sobre la crisis carcelaria, la política del silencio sea la que rige y con esto la agudización de los problemas al interior de los centros penitenciarios.
La falta de comunicación oportuna por parte del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), dijo Noroña, da cuenta de una problemática que se agrava con el transcurso de los días, pues la información que ha trascendido sobre lo que ocurre a la interna ha sido, en gran parte, gracias a informes policiales y de agentes penitenciarios, recogidos y publicados por la prensa.
Noroña cuestionó el "intento deliberado por ocultar la información", en un año que se convierte en el más mortífero en la historia del sistema penitenciario, superando incluso aquellos donde se registraron las peores masacres. Todo esto ha ocurrido bajo el régimen militar instaurado en las prisiones, en el marco del Conflicto Armado Interno (CAI).
La periodista relató que la semana pasada se instaló una audiencia de acción de protección, donde el juez Julián Naranjo, después de escuchar varias intervenciones de presos de la Penitenciaría del Litoral (donde se denunciaba torturas, falta de acceso a la salud, tratamiento para la tuberculosis, entre otros), declaró la vulneración de los derechos.
"Hay una crisis de salud evidente que no ha sido reconocida", insistió.
Esta problemática no ocurre solo en Guayaquil, sino en cárceles de Esmeraldas y de Machala, por ejemplo, donde siguen latentes problemas como la desnutrición y la violencia al interior de los establecimientos.
Según Noroña, la situación no ha mejorado desde 2021, cuando se registró la masacre carcelaria en el pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral, en la que fallecieron 125 personas.
"El 70% de ellas no tenían sentencia, y eso se ha repetido durante las más de 20 masacres carcelarias que hemos atestiguado desde finales de 2020", sostuvo.
Mientras todo esto ocurre, los procesos de rehabilitación y prevención del delito quedan rezagados. Al cierre de 2025, dijo Noroña, son más de 800 personas que han muerto en estos espacios, que deberían estar bajo control total del Estado.
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