Economía
El Ministerio del Trabajo abrió oficialmente el proceso para establecer el salario básico unificado (SBU) de 2026, con una propuesta inicial de incremento de USD 16 sobre el monto vigente. Este procedimiento, que se repite cada año, vuelve a generar tensión entre empresarios, trabajadores y autoridades, según explicó el exministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien destacó que la negociación busca un equilibrio entre las aspiraciones salariales y la capacidad económica del país.
Donoso detalló que la definición del SBU sigue cuatro pasos fundamentales: la conformación del Consejo de Trabajo y Salarios, presidido por la ministra del ramo; la incorporación de informes técnicos del Banco Central del Ecuador, el INEC y el Ministerio de Economía y Finanzas; el debate interno de las propuestas entre empleadores y trabajadores; y, en caso de no llegar a un consenso, la decisión final recae en la ministra de Trabajo. El objetivo, añadió, es alcanzar un aumento "razonable", que si bien no cubra por completo la canasta básica, refleje un punto medio entre las necesidades laborales y la sostenibilidad del sector productivo.
El exministro señaló que aunque es legítimo que los trabajadores aspiren a un aumento más alto, las condiciones económicas actuales del Ecuador limitan incrementos significativos. Cuestionó una propuesta sindical que plantea elevar el SBU a 650 dólares, calificándola de "irresponsable y fuera de contexto", ya que representaría un alza cercana al 40%, lo que —según él— podría llevar a la quiebra de numerosas mipymes y destruir empleos formales. Recordó además que Ecuador ya cuenta con uno de los salarios básicos más altos de la región (USD 470), por encima de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú.
"Un incremento desproporcionado puede ser contraproducente para la economía y el empleo formal", advirtió Donoso.
A su criterio, el debate salarial debe acompañarse de una discusión más amplia sobre la productividad y competitividad del país, temas que suelen quedar rezagados frente al enfoque político o coyuntural de la negociación.
Donoso también alertó sobre la crisis estructural del sistema laboral ecuatoriano, marcada por una informalidad superior al 54%. Atribuyó esta situación a una legislación laboral obsoleta, que no responde a las realidades del mercado actual.
Citó ejemplos de normas anacrónicas, como la prohibición de trabajar más de seis horas en el subsuelo —inviable en ciudades con centros comerciales y transporte subterráneo— o los sobrecostos del 35% en ciertos contratos. Sostuvo que el Código del Trabajo, con 83 años de vigencia, requiere una actualización urgente que permita mayor flexibilidad y protección equilibrada para empleadores y trabajadores.
En ese marco, criticó la prohibición constitucional del trabajo por horas, que impide a miles de personas —entre ellas, madres con tiempo parcial disponible— formalizar empleos flexibles o temporales. "Es paradójico que ecuatorianos arriesguen su vida cruzando el Darién para conseguir empleos por horas en otros países, mientras aquí esa posibilidad está vetada", apuntó. Donoso también mencionó la falta de arbitraje internacional en disputas con el Estado como otro factor de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión extranjera.
Finalmente, el exministro subrayó que sin un entorno laboral moderno y seguro no habrá creación de empleo formal ni crecimiento económico. Reiteró que proteger al trabajador también implica fortalecer a las empresas para que generen más plazas de trabajo. Concluyó que el desafío del Ecuador no se limita a definir un salario básico cada año, sino a construir un marco legal y económico que incentive la productividad, la inversión y la formalización laboral.
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