Función Judicial
Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Choez, jueces anticorrupción que levantaron la prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos en el caso Goleada, fueron suspendidos por 90 días.
El Consejo de la Judicatura (CJ) defendió la decisión y descartó que existan motivaciones "ajenas a las competencias y facultades normativas de esta institución".
"No caeremos en debates de carácter político promovido por actores y sectores interesados", dice un comunicado publicado la noche del 5 de agosto.
La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, también se pronunció sobre la suspensión de los jueces y rechazó los diversos cuestionamientos que provocó la medida.
En su cuenta de X, Caicedo señaló que le preocupa "que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones".
"En un Estado de derecho, esas decisiones corresponden a las instituciones competentes, no a presiones externas", dijo en su mensaje, donde añadió que "los abogados pueden opinar y defender, pero no sustituir ni condicionar las competencias del Consejo de la Judicatura".
Para Paulina Araujo, abogada penalista, el CJ está demostrando, con su reacción, un esquema "que se siente y que molesta": "las altas autoridades, al parecer, no tienen vocación de servicio general, sino que se toman a pecho cualquier crítica y reaccionan furibundamente para tratar de imponer su verdad".
Araujo recordó que las cuestionadas actuaciones de la Función Judicial no son nuevas, sino que son "un círculo vicioso" que crea desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.
El hecho de que algunos procesos avancen con una sospechosa celeridad, mientras que se permite la prescripción de otros, es algo que genera dudas en las motivaciones de los operadores de justicia, apuntó Araujo.
Para la jurista, existe algo más allá de lo coyuntural: no solo existe desconfianza, sino también una sensación de falta de institucionalidad. Esto debido a que cuando los jueces resuelven algo que al poder le incomoda, se los pone "bajo la lupa".
"El error (de un juez) se suple con recursos; el error no es equivalente a sumisión", insistió.
Araujo insistió en que el problema de fondo, las autoridades "no lo tienen en el radar": una justicia debilitada ahuyenta a los mejores perfiles.
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