Fricciones políticas
La Corte Constitucional hizo un llamado a la "prudencia" y exhorta a todas las autoridades, actores políticos y sociales a actuar dentro de la institucionalidad del país. Aclaró que sus decisiones y precedentes son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Esto, en alusión a la convocatoria a una consulta popular para llamar a una Constituyente.
El pronunciamiento de la Corte, según el exministro de Gobierno, José De La Gasca, asumió un rol político, en una especie de "adelantamiento" de un dictamen. Consideró que el comunicado emitido la noche de este viernes 19 de septiembre "no es una forma jurídica" de intervenir.
Sobre la controversia generada por la convocatoria de la consulta popular para llamar a una Constituyente, el exministro señaló que esta maniobra se enmarca en la Constitución. A su criterio, el punto clave es la activación del artículo 444 de la Carta Magna, que establece que la Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular, por parte del Presidente de la República, las dos terceras partes de la Legislatura o por el 12% de la población.
Precisó que la acción del Primer Mandatario es convocar la Constituyente directamente a la ciudadanía y, lo que el país enfrenta actualmente sobre la propuesta es una "lucha de conceptos".
La vía optada por el Ejecutivo, dijo, responde a las "trabas" que pondría la Corte Constitucional, lo que calificó como "los 500 mil requisitos y el candado con 7 mil llaves". Por ello, insistió en que el jefe de Estado "no se saltó" la Constitución, porque caso contrario, sonaría como una "trampa" a la Carta Magna.
"No se trata de defender las decisiones de la Corte Constitucional como si fueran piezas de museo, se trata de la necesidad de cambiar un cuerpo normativo que no nos permite como sociedad, a ningún gobierno, salir de las diferentes crisis que se van acumulando", enfatizó.
El diálogo con la CONAIE
Antes de iniciar el nuevo periodo del Gobierno, José De La Gasca fue el encargado de entablar diálogos con el movimiento indígena y, a partir de aquello, el Ejecutivo logró el respaldo de seis legisladores de Pachakutik en la Asamblea Nacional. Ahora, tras la convocatoria de paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, algunos de ellos cerraron las puertas al diálogo con el Gobierno.
"En la polarización y la política siempre debe haber espacio para el diálogo", dijo De La Gasca, al reconocer que ante el "mensaje claro" enviado por la CONAIE, el Ejecutivo debe retomar los canales de conversación para evitar una escalada de las fricciones.
Por otro lado, consideró que el fin de la subvención al diésel es una medida que debió implementarse desde hace mucho tiempo, y ponderó los tiempos políticos del Ejecutivo para tomar esta decisión. Señaló que, si bien es una medida impopular y el costo político será eminentemente alto, las compensaciones anunciadas ayudarán a paliar los efectos económicos de la medida.
"El Gobierno tomó una decisión dura políticamente, pero necesaria en lo económico", sentenció.
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