En NotiMundo Estelar, María Cristina López, concejala de Quito, señaló que hasta junio de 2026 se contabilizaron 19 siniestros y 26 personas lesionadas relacionados con este tipo de movilidad. Además, indicó que entre 2024 y 2025 se registraron aproximadamente 10 fallecidos en hechos vinculados con estos vehículos.
López explicó que actualmente existe un vacío normativo, debido a que estos medios de transporte se han expandido rápidamente y, en muchos casos, son considerados únicamente como juguetes, por lo que no cuentan con matrícula ni registro. Frente a esta situación, el Concejo Metropolitano analiza una propuesta de ordenanza que se encuentra en primer debate, con el objetivo de establecer reglas para su circulación y requisitos de seguridad.
Entre las medidas planteadas están el uso obligatorio de casco, ropa reflectiva, luces delanteras y traseras y bocina. También se contempla prohibir la utilización de audífonos mientras se conduce, el transporte de pasajeros y la circulación por carriles exclusivos para buses.
La propuesta incluye además la creación de un catastro y registro de usuarios mediante códigos QR, con el propósito de formalizar el uso de estos vehículos. Las sanciones dependerían de la gravedad de la infracción y podrían llegar a un salario básico en el caso de faltas leves.
Por su parte, Esteban Ocampo, representante de la Fundación Cicleada por la Vida, sostuvo que la falta de regulación termina afectando principalmente a los actores viales más vulnerables. También cuestionó las condiciones de control en la ciudad y señaló que los grupos especializados de la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía no contarían con los equipos y la dotación necesarios para realizar su trabajo.
Ocampo también criticó el funcionamiento del sistema de bicicleta pública Quito Bici, debido a las características de sus bicicletas y su adaptación a la geografía de la capital. Además, señaló que han solicitado a la Contraloría un examen especial sobre este proceso.
Ambos coincidieron en que Quito todavía enfrenta problemas de infraestructura, debido a que varias ciclovías se encuentran desconectadas y existen deficiencias en señalización. También advirtieron sobre la circulación de vehículos adaptados con motores a gasolina en espacios donde no está permitido.
Finalmente, López reconoció que el tratamiento de la ordenanza ha tomado tiempo debido a la elaboración de informes técnicos y al desarrollo de mesas de trabajo. Sin embargo, sostuvo que la regulación de estos medios de transporte es una prioridad para mejorar la seguridad vial y la convivencia entre peatones, ciclistas, usuarios de scooters y conductores.
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