Migración y retorno desde Estados Unidos
En NotiMundo A La Carta, Murillo calificó la situación como "gravísima" y explicó que las probabilidades de obtener asilo han disminuido considerablemente en los últimos años. Según indicó, en 2023 se aprobaban alrededor de 11 solicitudes por cada 100 presentadas, mientras que en 2024 la cifra cayó a entre siete y ocho casos aceptados.
Además, advirtió que para 2025 el panorama podría complicarse aún más debido a medidas migratorias más restrictivas impulsadas por la administración de Donald Trump.
Murillo sostuvo que cada vez existen menos oportunidades para quienes buscan permanecer legalmente en territorio estadounidense y señaló que únicamente tendrían posibilidades quienes logren demostrar con pruebas sólidas situaciones de persecución o violencia.
También alertó sobre la desinformación que afecta a muchos migrantes ecuatorianos. Según explicó, varias personas fueron engañadas por supuestos asesores y coyoteros que les ofrecían falsas garantías de obtener permisos de trabajo mediante solicitudes de asilo.
En ese contexto, cuestionó el uso de plataformas oficiales para procesos de retorno, ya que considera que numerosos ciudadanos podrían aplicar a mecanismos de protección como visas humanitarias, pero terminan aceptando regresar por desconocimiento o falta de asesoría legal adecuada.
Respecto al impacto en Ecuador, Murillo aseguró que el país no cuenta con un plan de contingencia para enfrentar un eventual retorno masivo de compatriotas.
El representante de 1800 Migrante advirtió que una ola de deportaciones podría provocar una fuerte afectación económica debido a la caída de remesas, recursos que sostienen a miles de familias ecuatorianas.
Según explicó, ciudades como Cuenca, Guayaquil y Quito serían algunas de las más afectadas, junto con cantones cuya economía depende en gran medida del dinero enviado desde el exterior.
Murillo también cuestionó cómo las familias retornadas podrían reinsertarse económicamente en provincias donde los índices de pobreza siguen siendo elevados y pidió una estrategia conjunta entre el Estado, universidades y sector privado para enfrentar la situación.
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