Tras un pedido del concejal de Quito, Andrés Campaña, la Contraloría confirmó que realizará un examen especial a la compra de camiones recolectores de basura de EMASEO. Lo mismo ocurrió con el pedido que se hizo a la compra de 60 trolebuses, donde el resultado fue el establecimiento de responsabilidades penales.
En NotiMundo al Día, el concejal Andrés Campaña explicó que los organismos internacionales están capacitados para brindar asesoría, sin embargo, en Ecuador está prohibido el que actúen como intermediadores para los procesos de compras públicas.
Desde el Municipio, denunció el Edil, "se burlan" de la ciudadanía, afirmando que existe financiamiento internacional. El caso de la compra de los 60 nuevos trolebuses, por ejemplo, es un proyecto de USD 35 millones, de los cuales el organismo internacional desembolsó únicamente USD 50 mil.
"Luego, en el mismo convenio, dicen que hay que reconocer gastos administrativos y los costos de implementación del proyecto, por USD 2,5 millones. ¡Tremendo negocio!", cuestionó Campaña.
Según el concejal, existen varias irregularidades en los procesos municipales: no existe financiamiento internacional; incumplimiento de la Ley; intermediario internacional que recibe una comisión ilegal; y, declarar confidenciales los contratos.
Sin embargo, la compra de los trolebuses no sería el único proceso irregular. Campaña solitó un nuevo examen especial a la Contraloría, respecto de la compra de camiones recolectores y contenedores de basura, por USD 6 millones.
"Aquí no existe ni un dólar de financiamiento internacional, con un agravante: los recolectores llegaron en diciembre de 2024, funcionaron 5 meses, y desde mayo se dañaron uno por uno", lamentó.
Para Campaña, estas prácticas para evadir los procesos de contratación pública generan un grave perjuicio a la ciudad y merecen las respuestas de los funcionarios involucrados. No obstante, al contar el alcalde Pabel Muñoz con una mayoría afín en el Concejo, se evaden responsabilidades y respuestas a quienes buscan fiscalizar las compras.
Campaña alerta un "modus operandi" para evadir la ley de evadir la contratación pública y favorecer a ciertos sectores.
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