Contratación pública
Dos días después de los indicios de responsabilidad penal hallados en el contrato para la adquisición de 60 trolebuses en Quito, la Empresa de Pasajeros cuestionó los resultados del informe.
Según la institución, el proceso se enmarcó en la Constitución, el Convenio Internacional entre la República del Ecuador y Naciones Unidas, así como otras normativas relacionadas a la contratación pública.
La Empresa descartó la existencia de un perjuicio económico, y señaló que el costo por cada unidad fue menor a los estudios de mercado anteriores.
Wilson Merino, concejal de Quito, señaló que las alertas en torno a este proceso surgieron hace más de un año y medio. Desde su curul, se entregó la documentación en la que se exhortaba al Municipio a actuar en el marco de la Ley Nacional del Sistema de Contratación Pública, ante una eventual observación de la Contraloría. Algo que, finalmente, sucedió.
De acuerdo con Merino, la propia normativa prohíbe contratar a través de gestores de compra, como en este caso resultaría la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este escenario, dijo, corresponde a un "esquema opaco de triangulación". Es decir, la oficina de la ONU habría mediado para la compra de los 60 trolebuses.
Si bien desde el Municipio se pretende generar la idea de una cooperación internacional, Merino aclaró que la UNOPS no es una entidad facultada para entregar financiamiento, como lo son el BID. En este caso, alertó, más del 98% del financiamiento de la compra de los trolebuses salió de arcas municipales eludiendo la ley de contratación pública.
"Este no es un caso aislado", advirtió.
De acuerdo con Merino, este esquema se repetiría en otros contratos del Cabildo como en la compra de 6 camiones de recolección de basura que derivó en la remoción del gerente de EMASEO. A esto, se sumaría la contratación del sistema integrado de recaudo de la Secretaría de Movilidad, a lo que el concejal hizo un llamado a detener esta modalidad de compra.
Al hablar de las responsabilidades, Merino apuntó a gerentes técnicos, al titular de la Empresa de Pasajeros y al alcalde Pabel Muñoz, quien fue el encargado de firmar un convenio de entendimiento para dar viabilidad a esta adjudicación.
"Cuando no pasa por el Sercop, no hay fiscalización. Esperamos que el Alcalde Muñoz entregue información técnica de respuesta al informe de Contraloría en el Concejo Metropolitano", sostuvo.
Los indicios de responsabilidad penal determinados en el informe de la Contraloría, recordó Merino, podrían derivar en investigaciones penales sobre presunto peculado en la contratación de los 60 trolebuses eléctricos.
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