Quito
El martes, 24 de junio, se reinstaló la audiencia en el marco de la acción de protección presentada por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), en contra del Municipio de Quito. Con este recurso, se busca impedir la reversión de la donación del estado Olímpico Atahualpa y que el predio sea inscrito como propiedad municipal.
Entre los asistentes a la audiencia estuvo el concejal Andrés Campaña, quien, en NotiMundo al Día, señaló que nadie se opone a la remodelación y mantenimiento del estadio, que al momento "no ofrece condiciones dignas para los deportistas ni para los aficionados".
Sin embargo, recordó que, cuando se trató el tema en el Concejo Metropolitano, enfatizó en la necesidad de que la Procuraduría del Municipio responda una serie de interrogantes para clarificar el proceso de reversión, impulsado por el alcalde, Pabel Muñoz.
Una de ellas es que las escrituras de la donación del estadio en favor de la CDP establece como corresponsabilidad que este órgano, "a trueque", entregue al Municipio el estadio de El Arbolito, el cual ya no existe. En su lugar hay un parque, por lo que una primera dura es lo que sucedería con este espacio.
Otra singularidad de estas escrituras es una cláusula de explotación de la publicidad interna, en favor del Deportivo Quito.
"Si se anula el elemento principal, que es la donación del estadio, ¿qué va a pasar con estos otros condicionamientos?", se preguntó Campaña.
La preocupación también surge porque la donación estuvo amparada en el Código Civil, no obstante, el proceso que se siguió para la reversión surge en apego al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), norma que fue elaborada 50 años después. "No sabemos si se aplican las normas del derecho civil o las del derecho administrativo metropolitano", apuntó el edil.
En caso de que no se aclaren estas dudas, alertó Campaña, la ciudad se verá avocada a un proceso "engorroso", que seguirá sin solución y la remodelación esperada para el escenario deportivo.
"Esto es lamentable. No es la primera vez que los políticos, en coyunturas especiales como esta, donde está de por medio un proceso de revocatoria del mandato, ofrecen un hecho de esta naturaleza", cuestionó.
El pedido que se hizo al juez, dijo Campaña, es que, independientemente de la resolución que tome, respecto de la propiedad del estadio, se establezca un tiempo para que, a mediano plazo, se permita contar con la remodelación del escenario deportivo y así garantizar el derecho al deporte para la ciudad. "Actualmente no hay un beneficio real para la ciudad", lamentó Campaña.
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