Economía
Pese a que el paro de transportistas en Pichincha fue suspendido, ciertas rutas en distintas partes del país enfrentan bloqueos, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que llevará el precio del galón de USD 1.80 a aproximadamente USD 2.80.
Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Orellana y Loja registraron interrupciones en el tránsito este lunes 15 de septiembre.
Para Andrés Castillo, asambleísta por ADN, la eliminación del subsidio al diésel ha sido un tema postergado por varios gobiernos que, en un manejo inadecuado, permitieron dos puntos: la especulación de precios y presiones por parte del sector del transporte.
Pero estos recursos -ya contemplados en el presupuesto general del Estado-, no se eliminarían en su totalidad, sino que se destinarían a proyectos en el sector agrícola y para potenciar el sector del transporte, según Castillo. Señaló que, ahora, estos fondos alimentarían el plan semilla para agricultores y ganaderos.
"El Estado no debe entregar tantos recursos a que se hagan humo en los tubos de escape", dijo.
¿Negociaciones en curso?
Tras la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno instaló mesas de diálogo con representantes del gremio de la transportación para analizar el modelo de compensación a los conductores. No obstante, desde el Ejecutivo se aclaró que el levantamiento de esta medida no está en negociación.
"No hay negociación, hay conversaciones. La eliminación del subsidio se va a mantener", precisó Castillo.
Por otro lado, descartó una propuesta de subsidio focalizado, debido a que, a su criterio, se abriría la puerta a un "sinnúmero de trampas" para llevar el combustible de manera irregular. De esto, consideró, se beneficiarían contrabandistas, organizaciones criminales, especuladores e intermediarios.
El Gobierno con sede en Latacunga
De acuerdo con el asambleísta por el oficialismo, el traslado de la sede de Gobierno para Latacunga es una acción para inspeccionar la ruta de los recursos que se destinarán al agro, tras la eliminación del subsidio. A esto, señaló, se suma el despliegue de 1.178 agentes de Intendencias, comisarios y jefes políticos para controlar precios en torno a eventuales especulaciones.
Además, reconoció que, si bien el derecho a las movilizaciones está contemplado en la Constitución, esta no debe escalar a actos vandálicos o paralización de servicios públicos.
"Lo que no se puede permitir que las movilizaciones se conviertan en vandalismo (...) El servicio de transporte es público, las carreteras también. Todo aquel que eche mano de eso estaría cometiendo un delito y tendrá que acogerse a las consecuencias", indicó.
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