El Gobierno incorporará 643 megavatios al sistema nacional interconectado a través de proyectos de autogeneración y generación distribuida mediante fuentes renovables. El Ministerio de Ambiente y Energía entregó los certificados habilitantes a representantes de empresas privadas con los cuales tendrán el derecho exclusivo para el desarrollo de proyectos y ejecución de estudios de factibilidad en un plazo de 18 meses.
La infraestructura alcanzaría una capacidad de 179.1 megavatios que se destinarán al mercado eléctrico mediante contratos regulados, mientras que los procesos de autogeneración sumarán 464.6 megavatios, enfocados en el autoabastecimiento eléctrico de las empresas con posibilidad de vender excedentes. Las iniciativas contemplan la construcción de centrales fotovoltaicas e hidráulicas, lideradas por empresas nacionales en distintas provincias del país.
Son 10 empresas las que plantearon opciones de generación en el campo solar, eólico e hidráulico y, según Roque Sevilla, exalcalde de Quito y empresario, proveerán energía al país. Reconoció que, si bien ninguno de los proyectos implica una instalación inmediata, podrían tomar entre un año y un año y medio para entrar en ejecución.
En el caso del Grupo Futuro, firma a la que representa, el Gobierno otorgó tres certificados habilitantes, y se hizo el pedido para otros siete proyectos. Al hablar de infraestructura eólica y solar, su funcionamiento sería casi inmediato al cumplir el año de instalación, mientras que, en el caso de centrales hidráulicas, estas requieren de una etapa de pruebas.
De acuerdo con Sevilla, la tarifa que fijó el Gobierno es un negocio de largo plazo con un margen del 15 al 17% de tasa interna de retorno.
Se trata de una intención por diversificar la matriz energética que, según Sevilla, debería involucrar también a proyectos de generación geotérmica, debido a la cantidad de volcanes que tiene el país.
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