La Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales busca, según el Gobierno, establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de fondos, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas.
En la normativa se pone énfasis en las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.
Además, se establece que todas las organizaciones ya constituidas y activas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley deberán cumplir con la obligación de registrarse en un plazo no mayor a 90 días.
En NotiMundo al Día, Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero en EEUU., consideró pertinente el control que se busca hacer a las fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil.
A su criterio, es importante que se dé un tratamiento adecuado a la normativa por parte de los legisladores y posteriormente contar con un adecuado reglamento, para que se alcancen los objetivos propuestos.
Sierra recordó que estas organizaciones son propensas a ser permeadas por grupos delictivos para ser un canal para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, con lo cual insistió en que el control en este y otros sectores debe darse de forma efectiva.
Por otro lado, Sierra consideró importante mirar en este proyecto el rol de la UAFE. "Esto (junto a la Ley Contra Lavado de Activos) le da algunas herramientas importantes al sistema antilavado", sostuvo. A su criterio, es importante el congelamiento de cuentas, cuando se tiene un reporte de un posible caso de lavado de activos. "La UAFE tiene que prepararse para esto", insistió
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