Balance del 2025
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de USD 600 millones a Ecuador, tras pasar una tercera revisión del acuerdo de 48 meses alcanzado entre las partes. Según el FMI, se cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño para fines de agosto de 2025, y el Gobierno cumplió con la implementación de las metas estructurales, especialmente en las reformas fiscales y de gobernanza.
Oswaldo Landázuri, analista económico, consideró que existen "señales mixtas" sobre la salud de la economía ecuatoriana. Durante el primer trimestre del 2025, se registró un crecimiento que, según Landázuri, se debe a un "efecto rebote", luego de los meses finales del 2024 donde se registró una caída por los apagones y la incertidumbre previa a las elecciones generales.
Luego, en el segundo trimestre del año, se habló un crecimiento de casi el 4%. Este incremento responde a cifras positivas de las exportaciones y el consumo interno. Sin embargo, consideró que el panorama en el 3er trimestre podría cambiar, debido a la liquidez inyectada por la entrega de bonos a estudiantes, transportistas y agricultores.
Según Landázuri, el país requiere USD 13 mil millones para cerrar el año, y estima que Ecuador terminaría el 2025 con un déficit de más de USD 5 mil millones. A esto, dijo, se suma la reciente deuda de USD 600 millones correspondiente al crédito otorgado por el FMI, y que equivaldría a 15 días de salarios de la burocracia.
Otro de los cuestionamientos, de acuerdo con Landázuri, apuntan a lo estipulado en la proforma presupuestaria. El Gobierno dijo que recibiría al menos USD 4.000 millones por concesiones de activos petroleros, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Asimismo, recordó que el Ejecutivo contempló ingresos por concesiones de telefónicas y renegociación de contratos, que tampoco se han cumplido.
Riesgos de una Constituyente
Para Oswaldo Landázuri, una nueva Constitución podría ser una herramienta adicional para enfrentar la crisis económica, pero no la solución definitiva. Recordó que un ejemplo de lo extenso y desgastante que es este proceso es Chile. En 2019, dicho país enfrentó un estallido social durante varios meses, intentando aprobar la propuesta de una nueva Carta Magna.
"El riesgo está en que vuelva a someter al país en más elecciones", dijo.
Landázuri insistió en que, más allá de cambios constitucionales, el país requiere de un nivel considerable de institucionalidad para prosperar. Esto, precisó, responde también a la propuesta del presidente Daniel Noboa de retirar las facultades de salud al IESS y dárselas al Ministerio del ramo. Señaló que, si bien esta iniciativa podría ser "racional", siempre y cuando se garanticen mejoras estructurales en la capacidad de gestión.
"Si no audita hospitales, si no garantiza que medicinas sean compradas con eficacia y la sostenibilidad del sistema de salud, no saca absolutamente nada", cuestionó.
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