Guerra arancelaria
El Gobierno de Colombia publicó el proyecto de decreto "por el cual se modifica el Decreto 0170 de 2026", en el que propone establecer aranceles diferenciados del 35%, 50% y 75% a productos importados desde Ecuador. El documento quedó disponible para comentarios de la ciudadanía desde este viernes 17 y hasta el martes 21 de abril de 2026.
El proyecto reemplaza el esquema inicial del Decreto 170 de 2026 —que fijó un arancel general del 30%— por un sistema escalonado con tres niveles: 35%, 50% y 75%, aplicados a un conjunto específico de subpartidas arancelarias.
En el grupo de mayor arancel (75%) se incluyen productos agropecuarios e industriales considerados sensibles, como arroz, azúcar, café, aceites vegetales, plásticos, químicos, textiles, metales y varios bienes manufacturados. También aparecen insumos industriales y productos como papel, pinturas, autopartes y materiales de construcción.
Las tarifas del 50% se concentran en productos como camarones, pescados, conservas, llantas, madera y papel, mientras que el 35% aplica a bienes como banano, plátano, fríjol, algunos productos pesqueros y químicos específicos.
El documento precisa que la medida no es generalizada, sino que se limita a las subpartidas expresamente señaladas. La selección se hizo con base en criterios técnicos que evaluaron el uso económico de los bienes, su disponibilidad en el mercado local y la posibilidad de sustitución.
Según la memoria justificativa, se excluyeron productos considerados críticos o necesarios para la producción nacional, concentrando la medida en bienes que pueden ser reemplazados en el corto plazo.
El ajuste al decreto se enmarca en la política comercial adoptada por Colombia tras las medidas arancelarias impuestas por Ecuador del 100% a los productos colombianos. El Gobierno sostiene que esas decisiones alteraron las condiciones del comercio bilateral y justifican una respuesta bajo el principio de reciprocidad.
El proyecto mantiene el carácter selectivo, temporal y proporcional de la medida. Además, establece que el listado de productos y las tarifas serán revisados por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia.
El documento también señala que la medida busca restablecer el equilibrio en las condiciones de competencia, proteger la producción nacional y evitar distorsiones en el mercado interno.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el enfoque se centra en bienes que no comprometen cadenas productivas estratégicas, al tiempo que permite enviar una señal frente a las condiciones del comercio bilateral.
Asimismo la cartera indicó que la vigencia de los aranceles estará condicionada a la evolución de las medidas adoptadas por Ecuador, en línea con el carácter recíproco de la política comercial planteada en el decreto.
En ese contexto, el Gobierno advierte que la intervención responde a una alteración en los flujos comerciales que ha afectado principalmente a sectores industriales y agropecuarios, que concentran una parte importante de las exportaciones hacia Ecuador. La medida busca contener ese impacto mediante un ajuste focalizado sobre importaciones que compiten directamente con la producción nacional.
Adicionalmente, el proyecto incorpora la posibilidad de ajustes posteriores en las subpartidas incluidas, en función del comportamiento del comercio bilateral y de los resultados de la medida. Esto permitirá modificar el alcance de los aranceles o su nivel, dependiendo de la evolución de las condiciones de mercado y de las decisiones que adopte Ecuador en materia comercial.