Reforma migratoria
El Gobierno de España puso en marcha un proceso extraordinario que permitirá regularizar la situación de cientos de miles de migrantes que actualmente viven en el país sin documentación.
La medida, aprobada por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, habilita a los interesados a iniciar sus solicitudes desde el 16 de abril de 2026, ya sea de forma digital o a través de citas presenciales que comenzarán días después.
Este mecanismo busca otorgar permisos de residencia y trabajo a personas que ya se encuentran integradas en la sociedad española, siempre que no tengan antecedentes penales ni representen un riesgo para la seguridad pública.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, defendió la decisión al señalar que responde tanto a una necesidad económica como a un criterio de justicia social, al reconocer el aporte de quienes ya forman parte del tejido productivo del país.
Para acceder al proceso, los solicitantes deberán demostrar que residían en España antes de inicios de 2026 y que han permanecido en el territorio de forma continua durante al menos cinco meses. Además, deberán encontrarse en situación irregular al momento de aplicar.
El plan contempla la habilitación de oficinas de atención en todo el país, incluyendo sedes de la Seguridad Social y del servicio postal, con el objetivo de recibir solicitudes hasta finales de junio.
Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. Sectores de oposición han cuestionado la iniciativa, mientras que el Ejecutivo ha llamado a respaldarla, insistiendo en que se trata de una decisión que también favorece la estabilidad económica y la cohesión social.
Desde el Gobierno se recalca que este proceso no aplicará para todos los colectivos, como quienes ya cuentan con otros mecanismos de protección, lo que forma parte de una estrategia para ordenar el sistema migratorio.
Con esta decisión, España busca regularizar una realidad ya existente, en un contexto donde la migración continúa siendo uno de los temas más sensibles en la agenda política europea.