El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la “represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.