El precio internacional del petróleo registró un fuerte incremento este jueves y el barril de Brent alcanzó los USD 100, impulsado por el aumento de las tensiones en Medio Oriente y los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes contra embarcaciones vinculadas a Arabia Saudita en el mar Rojo.
El alza se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y de las advertencias del presidente Donald Trump sobre una posible respuesta militar ante nuevos ataques contra buques relacionados con Arabia Saudita, un escenario que ha elevado la incertidumbre sobre el abastecimiento mundial de crudo.
En NotiMundo Estelar, el analista económico Christian Aramayo explicó que el repunte del petróleo responde principalmente a la incertidumbre que generan los conflictos geopolíticos sobre el suministro global, más que a un cambio inmediato en la oferta y la demanda del mercado.
Aramayo señaló que las economías más abiertas suelen trasladar con mayor rapidez las variaciones de los precios internacionales hacia sus mercados internos, mientras que los países con mayores controles estatales tienden a amortiguar ese impacto.
Respecto a Ecuador, sostuvo que la dolarización constituye una ventaja en un escenario de mayores ingresos petroleros, al reducir el riesgo de presiones inflacionarias. No obstante, advirtió que los beneficios deben analizarse considerando el comportamiento de la balanza energética y los efectos que podrían presentarse en el corto plazo.
El analista también cuestionó el estancamiento de la producción petrolera nacional y afirmó que el país necesita fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la institucionalidad y generar un entorno más favorable para atraer inversión extranjera. Como ejemplo, citó el crecimiento de Guyana, impulsado por el desarrollo de su industria petrolera.
Asimismo, alertó que el incremento del precio del crudo podría elevar los costos operativos de las empresas ecuatorianas debido al encarecimiento de insumos, materias primas y transporte marítimo. En su criterio, los sectores vinculados a la logística y a los derivados del petróleo serían los primeros en sentir estos efectos.
Finalmente, Aramayo afirmó que mantener los subsidios a los combustibles representa un desafío para las finanzas públicas y consideró que una eventual eliminación debería evaluarse para reducir las presiones fiscales.
Sin embargo, reconoció que los gobiernos suelen postergar este tipo de decisiones por el impacto social y político.
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