Asociación ilícita
La Fiscalía formuló cargos en contra de Andrés Arauz, secretario general de la Revolución Ciudadana, la exasambleísta Esther Cuesta y el excandidato a Superintendente de Bancos, Raúl González en el marco de la investigación de una presunta asociación ilícita en la que son procesados los exintegrantes de la 'Liga Azul' en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La jueza Daniella Camacho acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía y dictó presentación periódica una vez al mes para Arauz y Cuesta, mientras que para Raúl González, ordenó su presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.
En la audiencia, el fiscal Wilson Toainga pidió la prohibición de salida del país para los nuevos implicados, así como su presentación periódica. Sin embargo, se conoce que tanto Arauz como Cuesta se encuentran fuera del país.
Por su parte, Gabriel Rivera, abogado de Andrés Arauz, pidió que se permita que su defendido se presente en México para cumplir la medida cautelar solicitada por el fiscal, argumentando casos similares con procesados que optaron por este beneficio en Panamá y Paraguay.
Teoría del caso
Andrés Arauz: De acuerdo con la Fiscalía, el secretario general de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, habría coordinado con los exconsejeros del CPCCS, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, las acciones necesarias para "tomar el control" de la institución. Esto se evidenciaría en lineamientos originados desde su dirección para presentar denuncias, recusaciones y acciones constitucionales.
Raúl González: El excandidato a Superintendente de Bancos, Raúl González, habría conversado con Augusto Verduga y estructurado una línea argumentativa para defender el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, llegando, según la Fiscalía, a ofrecer cargos de alto nivel en la institución a miembros del correísmo. De acuerdo con los chats del caso Ligados, González era la figura que la Revolución Ciudadana intentó ubicar en la Superintendencia.
Esther Cuesta: En sus funciones como legisladora del correísmo, Esther Cuesta habría sido quien gestó las acciones para hacer posible el nombramiento de Raúl González en la Superintendencia de Bancos. Para entonces, la Legislatura aún no posesionaba a Roberto Romero como titular de la institución, pese a que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su lugar, Cuesta habría enviado un oficio al Cpccs en el cual preguntaba quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos. Dicho documento, previamente coordinado con Andrés Arauz, habría permitido que los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social hicieran posible el nombramiento de Raúl González, en lugar de quien debía ser posesionado legítimamente.