Judicial
Aunque la diligencia del caso se instaló el pasado jueves, 4 de septiembre, en el Complejo Judicial Sur de Guayaquil, fue interrumpida luego de más de cuatro horas, donde se alegó una serie de presuntos vicios de nulidad del proceso y de competencia del juez.
Luego de escuchar los alegatos sobre la presunta nulidad, el juez Dennis Ugalde defendió su competencia para continuar con la causa y advirtió que la instrucción fiscal no puede extenderse por más de 120 días.
Según el magistrado, los argumentos de la defensa de los militares procesados evidencian "maniobras dilatorias" que buscarían atropellar el avance del proceso. En la diligencia, el fiscal Christian Farez alertó de la presentación de un certificado médico presuntamente falsificado.
En NotiMundo al Día, Vladimir Porojnia, defensa de uno de los militares procesados, recordó que la audiencia evaluatoria y preparatoria tiene como finalidad, en un primer momento, identificar posibles vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.
"Realmente, sí hubo varios incidentes, desde que un abogado de dos militares justificó, con un documento del IESS, que se encontraba delicado de salud y se había solicitado el diferimiento", recordó, lo cual sería "muy grave".
Anteriormente, en un intento fallido por instalar la audiencia, el juez había establecido que la diligencia se llevaría a cabo "sí o sí" con un defensor público. No obstante, Porojnia indicó que no bastaba la presencia del defensor público, sino que los abogados defensores debían haberlo aceptado.
Por otro lado, en la nueva audiencia fallida se discutió la competencia del juez para conocer la causa. A su criterio, el magistrado está habilitado para llevar el proceso. Otro acierto, según el jurista, fue que el juez suspendió la caducidad de la prisión preventiva para dos militares, por maniobras dilatorias que estarían llevando a cabo.
El error, dijo, es que una de las defensas del teniente coronel de la FAE que fue vinculado en calidad de cómplice, denunció que se le dieron 19 días para la defensa, de 30 que dispone la ley.
"El juez decide suspender la audiencia y le da a Fiscalía 10 días para que practique este peritaje, pero el propio COIP establece que todo lo actuado fuera de los plazos de la instrucción (30 días y excepcionalmente 120 días) carece de valor probatorio", explicó.
Esto podría derivar en que, en tribunales, puedan ser condenados todos o ratificar su inocencia, pero cuando se presente una apelación se podrán evidenciar las nulidades, lo que daría paso a la nulidad desde esta fase del proceso.
Para Porojnia, existen malas prácticas que buscarían dilatar el proceso, pero el error del juez sería no haber dado los 30 días a la defensa, "pero, sobre todo, suspender la audiencia para disponer a Fiscalía que practique diligencias, sin haber declarado la nulidad", alertó.
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