Comercialización ilegal de combustible
Un día después de ser llamado a juicio en el caso Triple A, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se colocó el grillete electrónico por disposición judicial. La instalación del dispositivo se efectuó la tarde de ayer, en cumplimiento de una orden emitida por el juez Renán Andrade, quien también dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad.
Aunque la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva, el magistrado optó por medidas sustitutivas. En total, fueron llamados a juicio 16 personas naturales y seis jurídicas.
El "trasfondo político del proceso es claro", dijo Ramiro García, abogado del Alcalde de Guayaquil. Consideró que la disposición de usar un grillete electrónico es "absolutamente innecesaria", debido a que su defendido se presentaba dos veces por semana ante la autoridad competente, cumplió a cabalidad el impedimento de salida del país y ejerce funciones como autoridad local.
"El grillete se convierte en un símbolo de estigmatización, que un mecanismo de geolocalización", cuestionó.
García insistió en que no existe ningún riesgo de que Álvarez evada la justicia. Recordó que, durante la audiencia preparatoria de juicio, fue el único en participar de manera presencial. Por ello, adelantó que impugnará esta medida para buscar su revocatoria por parte de un Tribunal.
¿Presiones al juez?
Para Ramiro García, la célere decisión adoptada por el juez en la audiencia preparatoria de juicio levanta una sospecha sobre supuestas presiones que, dijo, deben ser investigadas. Cuestionó que, luego de diez días de diligencia, 330 cuerpos presentados y 22 tipos de defensa, el fallo judicial haya ocurrido en "dos minutos".
Más allá del dictamen, señaló García, existen una serie de inconsistencias en la teoría de la causa. Una de ellas, explicó, es que la Fiscalía apunta a estaciones de servicio de combustible que se abastecen con comercializadoras de Aquiles Álvarez por el delito de contrabando de combustible. El cuestionamiento surge cuando el Ministerio Público señala al Alcalde por su supuesta responsabilidad para controlar y regular lo que hacen sus clientes con los hidrocarburos que compran. Una facultad que, dijo García, le compete exclusivamente a Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
"Si las estaciones que no son de su propiedad han hecho ventas ilícitas, que tampoco se han demostrado, ¿qué responsabilidad puede tener la comercializadora?", puntualizó.
Según García, las pericias societarias y de derecho administrativo realizadas en el caso determinan que Álvarez no puede responder por conductas cometidas por distribuidoras que no son de su propiedad, ni administración. Insistió en que, de ser competencia del Alcalde, no podría estar físicamente en las 24 empresas distribuidoras que son clientes de su comercializadora.
"Las pericias han sido muy claras al establecer que no se puede responsabilizar, ni siquiera administrativamente, al representante legal de la comercializadora por los actos que se generan en las distribuidoras, menos todavía responsabilidad penal", precisó.
Otro de los señalamientos de la Fiscalía es el presunto despacho de entre USD 3 y 5 millones en combustible que, según García, no puede ocurrir debido al riguroso protocolo que se sigue. Explicó que, las estaciones de servicio son las que piden una cantidad determinada de combustible. Luego, la comercializadora gestiona con Petroecuador el monto solicitado, y la estatal es la encargada de revisar las transacciones y fijar una fecha con turno para la carga del combustible. Es decir, todo con el aval de Petroecuador.
"No hay manera de hacer ventas por fuera de la ley. No hay manera que se desvíe un solo galón", sentenció.
Para la etapa de juicio, la defensa de Álvarez ha presentado entre 70 y 80 pruebas que, según García, demostrarán la inocencia del alcalde de Guayaquil en el denominado caso Triple A.
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