Fricciones en el Consejo de la Judicatura
El despacho y domicilio de una jueza de la Sala Especializada de lo Civil en Chimborazo fueron allanados por la Fiscalía y la Policía. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, participó en el operativo ejecutado en Riobamba, luego de una denuncia que apunta a la magistrada por presuntamente entregar borradores de sentencias a abogados particulares con fines de comercialización. Estos hechos, señaló, podrían referir a delitos como concusión y simulación de funciones.
En esta misma intervención, las autoridades recabaron indicios en inmuebles de dos abogados en libre ejercicio y una firma, en el marco de una investigación por el presunto delito de asociación ilícita con fines de tráfico de influencias, a la cual la Fiscalía denominó "Caso Bufete con toga".
Cinco jueces fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura por retrasar causas prioritarias, desnaturalizar acciones de protección, conceder medidas cautelares a privados de la libertad sin mayor sustento y participar en esquemas de sobornos. De acuerdo con la institución, los funcionarios incurrieron en infracciones disciplinarias muy graves, por lo que su separación se dio a través de informes técnicos.
La causa prescrita
Para la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, la Función Judicial enfrenta un "proceso de degradación", que responde más allá de un cambio de sus vocales, sino que recae en un problema estructural que involucraría también a la academia y la formación de cuadros.
Frente a esto, la propuesta del presidente Mario Godoy es la evaluación de alrededor de 16 mil funcionarios judiciales y 1.800 jueces a través de un proceso técnico. Al mismo tiempo, ha liderado operativos con la Fiscalía y la Policía en torno a jueces que actúan de manera irregular. Esto, según Goyes, podría resultar contraproducente.
De acuerdo con la vocal, la presencia de Godoy en las intervenciones podría derivar en pedidos de excusa de la causa al momento de tramitar sumarios administrativos o procesos internos.
"Puede tener consecuencia futura, debido a que cuando toma partido, no tenga la posibilidad de tomar decisiones cuando existan sumarios administrativos", dijo.
Uno de los recientes contratiempos registrados en el Consejo de la Judicatura fue la falta de consenso para emitir sanciones en contra de seis jueces que dejaron prescribir una causa de abuso sexual. El caso data de hace varios años atrás cuando, en octubre del 2020, se realizó la audiencia de juzgamiento y la sentencia por escrito debía estar lista hasta antes del 16 de agosto del 2022, cuando esta prescribía. No obstante, los jueces emitieron este documento el 17 de febrero del 2023.
En esta lista de magistrados consta Fabián Fabara, quien encabeza la terna de la Asamblea Nacional para la renovación del Consejo de la Judicatura. Si bien, según Goyes, no sería el principal responsable de esta actuación, tampoco recibió una sanción debido a dos hechos puntuales: la falta de consenso en el Pleno y que la causa fue notificada a tratarse el mismo día en el que prescribía.
Desde el despacho de Godoy, se planteó una excusa para votar en torno a las sanciones, mientras que la vocal Yolanda Yupangui pidió declarar la nulidad del proceso, debido a que estaba próximo a prescribir.
"No se sancionó a nadie, quedó en la impunidad y el proceso prescribió", lamentó.
Por su parte, Goyes propuso una sanción severa contra el principal responsable de la prescripción de la causa por abuso sexual, mientras que dijo que se debía fijar una multa leve en contra de los otros integrantes, donde se incluía Fabara. Sin embargo, ninguna de las tres opciones prosperó y la causa se disolvió.
"Creo en las malas coincidencias. No es el único caso que nos llega el último día", denunció.
Juicio político en su contra
La Comisión de Fiscalización y Control Político pidió al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que conceda cinco días de prórroga para aprobar el informe en torno al juicio político contra la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes. Con esto, el lunes 4 de agosto vencerá el plazo adicional para la entrega del documento.
"Es cuestión de días", reaccionó Goyes, y no consideró que existan los votos para ser destituida. Sin embargo, reconoció que existiría cierto interés del oficialismo por sacarla del cargo.
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