Crisis en la justicia
El país enfrenta un déficit de 753 jueces. De estos, 11 son de Corte Nacional, 57 de Cortes Provinciales, 46 de Tribunales Distritales, 53 de Tribunales Penales, 470 de Unidades Judiciales y 116 en materia constitucional. Los espacios restantes representan un impacto de USD 50.4 millones al presupuesto anual del Consejo de la Judicatura.
El presidente Mario Godoy reveló que el 50.61% de las dependencias judiciales se encuentran en estado crítico, lo que significa deficiencias estructurales y funcionales que comprometen la operatividad judicial. El 35.51% representa a unidades en estado regular que, según Godoy, presentan deterioros progresivos con amenazas a su operatividad. Y, finalmente, el 13.88%, corresponde a entidades en buen estado.
Una crisis deplorable
Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, insistió en que la crisis del sistema judicial es cada vez más "deplorable". Esto, debido a que, desde el punto de vista financiero, no existen recursos siquiera para la tinta de impresoras y hojas destinadas para la emisión de citaciones.
Este tema, dijo, es un "cuello de botella", que ralentiza el resto del proceso, pero alertó que la situación lamentable de la Función Judicial va más allá de este mero trámite. A su criterio, la falta de jueces hace que la justicia sea más lenta, y los mecanismos legales se alarguen mucho más. Al mismo tiempo, señaló, la ciudadanía pierda la confianza en el sistema judicial, ante avances mínimos en sus procesos penales.
De acuerdo con Ocaña, pese a las distintas deficiencias, no existe una atención prioritaria al sector judicial, especialmente cuando la Constitución establece como pilares a la educación, la salud y la propia justicia.
Reformas a la Función Judicial y participación de la academia
En su comparecencia en la Comisión de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, planteó una serie de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Una de las más importantes, hace referencia a la ejecución de concursos de selección, los cuales, dijo, deberían contar con una terminología unificada y parámetros actualizados para la realización de las pruebas de confianza.
Según Paúl Ocaña, existe cierta resistencia por parte del Consejo de la Judicatura para recibir sugerencias en torno a los procesos que lleva a cabo. Por ello, instó a que la academia y gremios de profesionales participen en la elaboración de un formato en cuanto a los concursos que realiza la Judicatura, para garantizar una mayor transparencia.
"Lo que no puede pasar es que se designen jueces a dedo", advirtió.
Otra propuesta de modificación, según Godoy, es a la evaluación y categorización de servidores judiciales. Planteó que estos procesos de análisis deberían ejecutarse de manera anual y, quienes no cumplan los requisitos mínimos para ejercer sus funciones, puedan ser removidos inmediatamente.
Sobre este tema, Ocaña insistió en que debería conformarse una veeduría para observar el curso del proceso de evaluación y separación de funcionarios judiciales. Esto, para evitar que buenos elementos sean reemplazados por personas afines a la actual administración.
"Esto para evitar que caigamos en errores como sacar a buenos funcionarios y poner nuevos a dedo, sin que haya un concurso real".
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