Demandas de inconstitucionalidad
Las leyes de Solidaridad Nacional, de Integridad Pública, de Inteligencia y de Áreas Protegidas enfrentan demandas de inconstitucionalidad. Todas ellas, aprobadas en la Asamblea Nacional e impulsadas por el Gobierno, que sostiene su importancia para enfrentar al crimen organizado.
Para Agustín Grijalva, exjuez de la Corte Constitucional, resulta "irresponsable" que el Ejecutivo y la Legislatura promulguen normativas que, si bien son importantes, irrumpen principios de unidad de materia y derechos constitucionales. Esto, dijo, podría ocasionar una especie de "colapso" en el sistema de control constitucional, pese a que las demandas pueden ser unificadas por facilidad procesal.
Detalló que, en este caso, la Corte Constitucional podría priorizar leyes y procesos en donde se vean comprometidos derechos constitucionales. Según Grijalva, los fallos que pueda emitir el organismo son sujetos a debate o discusión, pero no exime la gravedad de las irregularidades halladas en la normativa.
"Si se llega a desconocer a la Corte Constitucional, estamos entrando en un régimen de facto. Quiere decir que la Asamblea puede dictar cualquier cosa", dijo.
Por otro lado, Grijalva cuestionó al Ejecutivo por "no reflexionar lo suficiente" en torno a la calidad de leyes que envía al Legislativo, y el poco debate que se mantiene al interior del Pleno en torno a las propuestas del presidente Daniel Noboa. Con esto, advirtió, se pondría en riesgo no solo la estabilidad constitucional, sino también el reconocimiento internacional del Gobierno, sostenido en la Constitución.
"No es un juego de muchachos, si se genera una crisis constitucional, habrá problemas con el reconocimiento internacional", enfatizó.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa