A inicios de julio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lanzará la convocatoria para la integración de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de la designación del próximo Fiscal General del Estado. El presidente de la institución, Andrés Fantoni, recordó que desde el Consejo también se amplió la veeduría del concurso, en la que, hasta el momento, 584 personas se han inscrito.
Para el consejero Gonzalo Albán, la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado será una "misión titánica", debido a la amenaza del crimen organizado y la necesidad imperante en el país de contar con un funcionario que no responda a presiones.
Señaló que, si bien el reglamento contiene sugerencias de la academia, lamentó que estas hayan sido recogidas apenas durante las últimas semanas del proceso de selección, y no desde el inicio. Además, consideró que el Consejo debió dar mayor apertura a otras entidades para co-construir el reglamento de una autoridad de tal importancia.
Albán reconoció que el actual reglamento, que fue reformado la semana pasada, "pudo haber sido mejor, más sólido y blindado", sin embargo, recordó que este concurso ha sido el mayor pendiente del CPCCS, que mantiene en prórroga de funciones a Wilson Toainga a la espera de ser reemplazado.
Una vez conformada la Comisión Ciudadana de Selección, el organismo contará con 4 meses para iniciar la designación del próximo Fiscal, y podrá extender el plazo por 2 meses más en caso de emergencia. Con esto, de no existir dilaciones o escándalos, la próxima autoridad estaría nombrada entre febrero y marzo del 2026. Se trata de cinco delegados de las funciones del Estado y otras cinco personas que deberán pasar por una serie de filtros y requisitos para integrar la Comisión.
"Es nuestro deber hacer el seguimiento y contribuir a que estos plazos se cumplan", dijo Albán.
El consejero también hizo un llamado a la ciudadanía, la academia y los medios de comunicación a vigilar las actuaciones dentro de la Comisión de Selección, la cual, dijo, deberá ser monitoreada por la amplia delegación de veedurías, que también estará sujeta a transparencia.
"Nos queda dar un seguimiento pleno a cómo avanza cada parte del proceso (...) es la única forma que logremos ese factor que dé amplitud para que todos estén al tanto de cómo avanzar el proceso, sin favoritismos", indicó.
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