Investigación reservada
Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea asesinado en el 2010, advirtió que la investigación del caso sería archivada por la Fiscalía General del Estado "hasta que no aparezcan pruebas nuevas".
Si bien no brindó mayores detalles, Ochoa denunció en sus redes sociales que la decisión fue anticipada por el fiscal a cargo de la causa. Entre el 2019 y el 2020, la Fiscalía remitió la investigación a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos para que sea tramitado como una presunta desaparición forzada.
Se trata de un crimen que ocurrió hace 15 años y que, inicialmente, la justicia ordinaria lo señaló como un delito común. No obstante, pericias internacionales apuntan a una represalia del gobierno de Rafael Correa por las denuncias de Gabela en contra de la irregular compra de siete helicópteros Dhruv por más de USD 42 millones.
¿Qué dice la Fiscalía?
La Fiscalía General del Estado señaló que la información relacionada al caso Gabela se encuentra protegida bajo reserva de ley, y aseguró que, en los tres procesos en curso en torno a la causa, se continúan las diligencias pertinentes.
Un "riesgo de impunidad"
Ramiro Román, abogado de la familia Gabela aclaró que, de momento, no ha sido notificado acerca de un eventual archivo de la investigación, pero reconoció que existirían "impulsos fiscales" de total reserva que sustentarían esta postura. Recordó que, al tratarse de una causa de ejecución extrajudicial, esta sería imprescriptible y frenar las investigaciones abre la puerta a un "riesgo" de impunidad.
"Una deuda con el país el caso Gabela (...) es una víctima directa del Estado ecuatoriano", dijo.
De acuerdo con Román, las revelaciones del perito Roberto Meza en su momento apuntaron a dos exgenerales de la FAE como los presuntos autores intelectuales del crimen. Pese a esta información, que señalaría a altos militares e incluso vendedores de armas, Román lamentó que detalles no como estos no hayan sido considerados por la Fiscalía, ni tampoco se haya formulado cargos contra dichos implicados.
"La Fiscalía lo único que pretende es dejar callado un caso insigne en derechos humanos en Ecuador", cuestionó.
Recordó, incluso, que la Corte Constitucional calificó al caso como una ejecución extrajudicial, al mismo tiempo que la familia fue considerada como víctima del crimen cometido hace casi 15 años.
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