Justicia
Por tres días, Quito fue la sede del Primer Foro Internacional Antimafia Italiana, una iniciativa que contó con la participación de altos representantes de las instituciones ecuatorianas y argentinas en la que se compartieron estrategias en seguridad, justicia y gestión penitenciaria.
Ricardo Morales, defensor público, destacó la importancia de intercambiar experiencias con Italia, uno de los países clave en la lucha contra las mafias. Consideró que, en base a esta información, es necesaria la construcción de políticas públicas que permitan la formación de jueces, fiscales y defensores públicos.
Junto a Italia, dijo, una de las propuestas es la creación del Instituto de Altos Estudios Jurídicos Judiciales para la capacitación de servidores del sistema de administración de justicia en un proceso que podría extenderse al mediano y largo plazo.
En coordinación con la Embajada de Estados Unidos, se impulsa también la unidad anticorrupción de la Defensoría Pública. Además, se trabaja en la elaboración de manuales para el fortalecimiento de la justicia en Latinoamérica.
Con respecto a la seguridad de los defensores públicos, Morales señaló que es labor del Ministerio del Interior determinar el riesgo de los funcionarios y, tras un análisis, otorgarles protección en el caso de llevar investigaciones sensibles.
A escala nacional, son 726 los defensores públicos desplegados para garantizar el acceso a la justicia. Todos están encargados de casos penales y no penales con el objetivo de superar los 300 mil usuarios atendidos registrados en el 2025, detalló Morales.
Una de las iniciativas que maneja la institución, según Morales, es la Ruta de los Derechos, que consiste en brigadas móviles con equipamiento tecnológico y humano para acercar los servicios de justicia a las zonas más alejadas del país. Indicó que, el año pasado este proyecto llegó a 22 de las 24 provincias del país con la excepción de Zamora y Galápagos por motivos climáticos.
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