Los jueces determinaron que los dos procesados ocasionaron un perjuicio de USD 225 millones para el Estado, al direccionar fondos a obras consideradas no prioritarias en la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto del 16 de abril del 2016.
La decisión se adoptó de manera unánime y luego de siete días de deliberación, tras señalar la responsabilidad de Glas como expresidente del Comité y la de Bernal como exsecretario del organismo.
El Tribunal también dispuso el pago de una multa proporcional de 60 salarios básicos unificados, así como una reparación integral de 250 millones de dólares. Además, los jueces ordenan la pérdida de los derechos de participación por 25 años.
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